Ante la falta de generación eléctrica en el país que podría desembocar en nuevos apagones, aparecen críticas sobre las bajas tarifas eléctricas que pagan las empresas mineras, mientras el país sigue importando energía a costos elevados.
“Si compramos caro la electricidad para revenderla barato a las grandes empresas no hay solución. Estamos empobreciendo al sector. No podemos darnos el lujo de subsidiar la electricidad a quien no lo necesita”, asegura Jorge Luis Hidalgo, consultor energético.
El pliego tarifario de alto voltaje, donde están las grandes mineras, pagan entre USD 0,05 y USD 0,08 centavos por kilovatio hora, así como se detalla en el siguiente cuadro:
Hidalgo señala que ese subsidio a una de las empresas mineras que opera en Ecuador consume lo equivalente a 250.000 hogares. «Es casi una ciudad de un millón de habitantes”.
Eso le constaría al Estado alrededor de USD 60 millones por año.
En la lista de las grandes mineras en el país están:
- La mina de oro Fruta del Norte
- La mina de cobre Mirador
Ambas están ubicadas en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, al sur del país.
Sin embargo, la Cámara de la Minería señaló -en mayo de 2024- que «es crucial aclarar que las tarifas eléctricas de las empresas mineras no constituyen un subsidio. Se realizan sobre la base de un análisis técnico y pormenorizado que considera las condiciones energéticas y económicas al momento de la suscripción de los contratos de inversión y explotación que permiten la operatividad y el desarrollo de los proyectos mineros».
Pero, eso no sería así.
El memorando Nro. MEM-VEER-2024-0037-ME del Ministerio de Energía puntualiza que no existe tal compromiso del Estado para mantener la tarifa eléctrica en el contrato con las grandes mineras.
«El único contrato suscrito entre el usuario y el Estado, a través de las empresas eléctricas de distribución y comercialización, para la provisión de servicio público de energía eléctrica, corresponde al contrato de suministro con la empresa distribuidora, en cuyo contenido la asignación de tarifa se lo realiza conforme lo establecido en el Pliego Tarifario vigente, por tanto, dicho contrato de suministro no considera o incluye ningún compromiso de aplicar un subsidio a estos usuarios industriales».
Un país de contrastes
En contraste, la importación de electricidad desde Colombia tiene un costo para el Estado promedio de USD 0,30 centavos por kilovatio hora (kWh), mientras tanto, el Gobierno deberá pagar USD 0,16 centavos por kWh a la empresa turca Karpowership, dueña de la barcaza Emre Bey.
Pero eso no es todo.
A diferencia de estos costos en el cobro de la electricidad a las mineras, el Gobierno debe invertir -en la generación de energía a través de diésel (termoeléctricas)- USD 0,35 centavos por kilovatio hora.
Además, la tarifa de la dignidad que deben pagar los ecuatorianos tiene un precio de USD O,04 centavos por kilovatio hora. Es decir, un centavo menos que el costo por kWh a las grandes mineras.
La Tarifa Dignidad es un subsidio para las personas naturales que utilizan la energía con fines residenciales, cuyos consumos son de 1 hasta 130 kWh mensuales.
Actualización de precios
El artículo 56 de la “Ley Orgánica de Competitividad Energética”, también denominada “No Más Apagones” de enero de 2024, establece que, para calcular el costo del servicio de energía (tarifa al público), se incluirá, en adelante, la anualidad de los activos del servicio eléctrico.
Es decir, con la ley se establece que, para calcular la tarifa eléctrica se debe incluir un cálculo sobre el costo de la infraestructura eléctrica del país (amortización de la inversión).
Y, para ello, la Agencia de Regulación y Control Eléctrico (Arconel) deberá realizar un estudio técnico para determinar, por ejemplo, el valor anual promedio de los USD 2.400 millones que costó la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
Se desconoce si este estudio ya fue realizado por parte de la Agencia de Regulación y Control.
Mientras tanto, el artículo 54 la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) también determina que la Arconel deberá realizar, en el primer semestre de cada año, un estudio para determinar los costos de electricidad para el usuario final.
El artículo 54 establece lo siguiente:
El Arconel, dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato subsiguiente. (...)”.
Según Hidalgo, este cálculo debe contemplar -como dice la ley- para las empresas públicas y mixtas de generación y transmisión:
Los costos resultantes de los estudios técnicos y económicos elaborados por la Agencia de Regulación y Control Eléctrico.
Mientras que estos últimos estudios deberán considerar lo siguiente:
- La anualidad de los activos en servicio
- Los conceptos de calidad, confiabilidad, disponibilidad, administración, operación y mantenimiento
- Y, los costos asociados con la responsabilidad ambiental
Hidalgo señaló que este estudio determinará el costo real de la energía, especialmente para las grandes mineras, donde se revelaría que este sector sí recibe "un subsidio del Estado", lo que desmentiría a la posición de la Cámara de la Minería.
Se desconoce si estos estudios por parte de la Arconel fueron realizados.
Una dura realidad se avecina
La dura realidad en el sistema eléctrica del país ocurre mientras una barcaza, de 110 megavatios, cobrará USD 0,16 centavos por kWh al Estado; donde la importación de electricidad de Colombia cuesta -en promedio- USD 0,30 por kWh y en donde la generación termoeléctrica con diésel importado tiene un costo de USD 0,25 a USD 0,35 centavos por kWh.
De hecho, Ecuador requiere -de urgencia- 475 megavatios de generación eléctrica para el inicio del estiaje 2024-2025 (desde septiembre de 2024) y en esa lista de opciones para cubrir esa demanda es la adquisición de una barcaza y de termoeléctricas.
Por ahora, el Gobierno ya adjudicó cuatro procesos de emergencia para contar con 341 megavatios adicionales de energía termoeléctrica para hacer frente a la próxima crisis eléctrica que podría empezar entre agosto y septiembre de 2024, cuando inicie el estiaje en las cuestas hidroeléctricas.
Ni las obras de generación eléctrica planificadas (como la barcaza) pueden garantizar que, en adelante, no haya nuevos cortes de energía eléctrica en el país (apagones), así lo reconoce el Gobierno en el «Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), abril 2024-marzo del 2026».