El organismo internacional instó a investigar los hechos y sancionar a los responsables para evitar nuevas tragedias.
Punto Noticias.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos dentro de las cárceles de Ecuador.
Este martes 14 de enero de 2025 la CIDH llamó al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia. Así, pidió investigar todos los hechos, identificar y sancionar a los responsables, y prevenir su repetición.
Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024, la CIDH registró alrededor de 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria. De ellas, 37 tuvieron lugar en 2024.
A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales, en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos), a la CIDH le preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos.
Casos
La CIDH mencionó que los hechos más recientes ocurrieron en la Penitenciaría del Litoral. El 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor del centro, provocando heridas en al menos nueve presos, un guardia y un militar.
“Posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas, según información pública”.
Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria se encuentran:
- La ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado.
- La existencia de sistemas de autogobierno.
- Corrupción.
- La insuficiencia de personal de seguridad.
Las cárceles están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros. Esto fue señalado por la CIDH en su informe sobre “Personas Privadas de Libertad en Ecuador”.
La Comisión advierte que estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes, ante la escalada de violencia provocada por el crimen organizado.