El ministro de Gobierno menciona que los actos terroristas, como los incendios forestales simultáneos cometidos con contra de la capital, motivaron a decretar el estado de excepción. Sin embargo, en el Decreto Ejecutivo se menciona el caso del atentado contra la funcionaria del SNAI.
Punto Noticias.- Al ser Quito el centro político del Ecuador, la aplicación de un estado de excepción es parte de una estrategia en ese ámbito.
La mañana del 3 de octubre, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en seis provincias y dos cantones, entre ellos Quito. Sin embargo, en las 50 páginas que tiene el documento, no se ahonda o justifica con datos el por qué la capital forma parte de ese listado.
Lo único que se deja entrever es la muerte violenta de Katherine Mazón registrada la noche del jueves 26 de septiembre y dada a conocer por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), la mañana del 27 de septiembre.
Mazón y su esposo fueron víctimas de un ataque armado el 19 de septiembre en el sector de El Trébol. Una semana Mazón estuvo en una casa de salud hasta que falleció. Ella laboraba en el área jurídica del SNAI.
Decreto reconoce incremento de hostilidades
A parte de esa información, el Decreto no recoge nada más sobre la situación de Quito, pero de manera general reconoce un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados en todas las jurisdicciones en las que decretó el estado de excepción.
El estado de excepción con toque de queda de 22:00 a 05:00, en el que se prohíbe el libre tránsito, solo rige para cuatro provincias y en ese grupo no está el cantón Quito.
La capital es una ciudad que alberga a más de 2,6 millones de habitantes, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), que levantó datos poblacionales en 2022 y los reveló en 2023.
En Quito opera con mayor representatividad, el grupo de delincuencia organizada (GDO) de ‘Los Lobos’, quienes estarían detrás de casos como el de intimidación a la fiscal general del Estado, Diana Salazar y del crimen de Fernando Villavicencio.
‘Los Lobos’ forman parte de los 22 GDO calificados por el Gobierno -en enero de 2024- de terroristas y que deben se enfrentados no solo por la Policía Nacional, sino por las Fuerzas Armadas.
Ministro Wong habla de la situación en Quito
Este jueves, 3 de octubre, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, alertó que en la capital se “intenta calentar las calles a propósito de las elecciones de 2025”. Mientras, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que en Quito disminuyó la violencia.
Días atrás, el lunes, 30 de septiembre, Palencia enfatizó que el trabajo del Gobierno ha permitido reducir la violencia y por ende los homicidios intencionales en Quito.
Es así que, del 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, se habrían registrado 179 homicidios intencionales, mientras que en ese mismo periodo de 2023 hubo 210 muertes violentas, es decir, hay una reducción del 15%.
Por su parte, Wong habló de una desestabilización.
“Tratan de desestabilizar el país y no lo vamos a permitir. Como no lo pueden hacer en las cárceles, ahora lo quieren hacer en las calles. Quito es la capital, vamos a tener que cuidar nuestra ciudad”, manifestó Wong.
Estado de excepción: Intentan desestabilizar el país, advierte Arturo Félix Wong
Respecto a incluir a Quito en el estado de excepción, el ministro de Gobierno sostuvo que, al ser la capital del Ecuador, es necesario cuidar de la ciudad, pues existe el precedente de los incendios que demostrarían que se busca crear caos.
Actos terroristas
Durante una entrevista en Radio Sucesos, Wong recalcó que se decretó el estado de excepción en Quito porque es la capital y se han visto actos terroristas como los incendios forestales que para el ministro no serían una casualidad.
Ante ello, dijo que no “van a permitir que ni a Quito ni a los quiteños les afecte”.
Aclaró que esto es una medida de prevención para evitar cualquier tipo de altercados en esta ciudad. “Una capital segura es un país seguro”, mencionó.
Sectores reaccionan
Las palabras de Wong también son vistas como una amenaza para ciertos sectores.
A quienes organizan marchas, plantones o concentraciones pacíficas les llama la atención lo expuesto por el ministro.
Washington Andrade, abogado en el caso OCP, cuestionó a Wong. Dijo que, por ejemplo, el solicitar que el tubo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) pase al Estado no es “calentar las calles”, sino el ejercicio del derecho a la resistencia y protesta pacífica de los ciudadanos.
Andrade indicó que en el caso OCP está previsto que el próximo 25 de octubre se realice una audiencia para tratar la acción de protección dirigida en contra del presidente Daniel Noboa y otros funcionarios.