El consenso llevó más de diez horas de debate, pero finalmente la unanimidad llegó y la Corte Constitucional decidió avalar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), imprescindible complemento para la implementación plena de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano.
“El acto legislativo cumplió en general con los requisitos de la ley (…) Esta norma va en una transición hacia la paz, por lo que se exigía ver el acto legislativo a la luz de construir un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo el magistrado Luis Guillermo Guerrero, presidente de la Corte, explicando las razones por las que se mantuvieron la mayoría de artículos de la nueva norma que servirá para juzgar a ex guerrilleros y a los agentes del Estado que hayan estado involucrado en crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En vez de los nueve magistrados, solo participaron siete, ya que dos de ellos Carlos Bernal y Cristina Pardo, antes de formar parte de la Corte estuvieron en el proceso de negociación de los procesos de paz y quedar, de esa manera, impedidos de votar.
Uno de los asuntos complejos tenía que ver con la posibilidad de dosificar las penas por los delitos para aquellos que colaboraran con la JEP. Esto fue admitido, pero se pidió que el Congreso estipule claramente cómo se deberán sancionar estas normativas.
Además de los juicios y castigos, la nueva norma contempla la reparación de las víctimas y que los excombatientes puedan participar de la política y para ello se extingan las condenas que pudieran impedirlo.
El alto tribunal estableció que para poder aspirar, los ex FARC deben acreditar su sometimiento y comparecencia ante la justicia especial, así como garantizar el cumplimiento de los compromisos de la paz.