Además, alertó que el Gobierno de Noboa presentó pruebas que contradicen la conclusión de que habría un conflicto armado.
En una carta enviada al Presidente de la República, Daniel Noboa, la ONG, Human Rights Watch, alertó de múltiples violaciones a los derechos humanos en Ecuador, desde que se declaró el conflicto armado interno, el 9 de enero del 2024.
En primera instancia, la organización explicó que “ha monitoreado, con enorme preocupación, el aumento de la violencia en Ecuador”, ya que en los últimos años se ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidio más alta de la región.
Además, alertó que la declaratoria que hizo el Presidente Noboa, sobre un conflicto interno armado carecería de sustento legal y también podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos.
En este sentido, explicó que la existencia de un conflicto armado no depende de la declaración o determinación que haga un gobierno o su presidente, sino de un análisis objetivo de los hechos sobre la base de los criterios establecidos en el derecho internacional.
“Un conflicto armado no internacional consiste en “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos”. Con arreglo al derecho internacional, ello requiere dos elementos: i) cierto nivel de organización de los grupos armados y ii) cierto nivel de intensidad de las hostilidades”.
Consecuencia en los ecuatorianos
Asimismo, HWR recalcó que la decisión de calificar los enfrentamientos con grupos criminales como un conflicto armado no internacional no es sólo una cuestión técnica del derecho internacional, sino que tiene consecuencias en la vida de los ecuatorianos
“Hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, la Corte Constitucional ha determinado que su gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”, recalcó HRW.
Para concluir, la ONG advirtió que el Gobierno de Noboa ha presentado pruebas que contradicen la conclusión de que habría un conflicto armado.
“Por ejemplo, mientras el requisito de “organización” para un conflicto armado depende, en parte, de la existencia de una estructura de mando con capacidad para mantener operaciones militares, un informe policial citado por V.E. en el decreto del 8 de enero indica que los grupos criminales del país son “flexible[s] e inestable[s]” y ‘carecen de una organización de empresa criminal’”.