Es claro, por ejemplo, que exonerar de impuestos a la gente no es emergente y por tanto tampoco se puede tratar como un tema económico urgente, agregó.
El economista Juan Pablo Jaramillo enfatizó que la Corte Constitucional debe analizar minuciosamente los decretos- ley. Solo se pueden emitir por algún tema emergente como terremoto, pandemia, desplome del precio del petróleo o erupción volcánica.
También comentó que el espíritu de las leyes económicas urgentes es equilibrar las finanzas públicas y hacer frente a situaciones adversas. El Gobierno no podría abusar de la figura de muerte cruzada para imponer su ideología y dogma.
“Es claro, por ejemplo, que exonerar de impuestos a la gente no es emergente y por tanto tampoco se puede tratar como un tema económico urgente, incluso va contra la intención de equilibrar las finanzas públicas”.
Para Jaramillo, el mismo principio se presenta con las zonas francas uni-empresariales, no es un tema emergente e incluso podría generar competencia desleal al beneficiarlas con exoneración de impuestos.
El economista Juan Pablo Jaramillo no descartó que valiéndose de vacíos legales, las empresas cierren y vuelvan a abrir con otro nombre jurídico a fin de acceder a beneficios tributarios por 15 a 25 años.
Además, Jaramillo resaltó que el régimen de Guillermo Lasso deja una economía en desaceleración y con inseguridad jurídica, pues su gestión en dos años no ha logrado recuperar ni siquiera las cifras de empleo de la época prepandémica.
“No hay logros sustantivos más allá de la vacunación contra el Covid-19”.
Se refirió también a la escasa o nula ejecución presupuestaria de las carteras de Estado, como el Ministerio del Interior, que pese al alto nivel de inseguridad que vive el país, no invirtió nada en 2022 y tampoco puede aducir que el pago de salarios responde a la ejecución porque aquello se acredita automáticamente.
“Lo que interesa son los procesos de contratación para dotar a los policías de herramientas ¿qué pasa ahí?”.
Subrayó que los ciudadanos tienen derecho a que sus autoridades rindan cuentas y por tanto Juan Zapata, ministro del Interior, debe responder a estos cuestionamientos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).