Agentes policiales vulneraron derechos humanos de los manifestantes y habrían cometido, incluso, ejecuciones extrajudiciales. Lo dijo en el marco del juicio político contra Romo.
Punto Noticias. El titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión, concluyó que, durante las protestas de octubre de 2019, hubo uso desmedido de la fuerza por parte de policías y militares, que se demostró con las personas fallecidas y heridas que dejaron estas acciones violentas.
Carrión acudió, de manera telemática, ante la Comisión de Fiscalización en donde entregó su testimonio, como prueba de cargo, solicitada por la legisladora Amapola Naranjo, dentro del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Señaló que se registraron 1.340 personas heridas, al menos 20 personas perdieron sus ojos por impactos de bombas lacrimógenas y perdigones, además de personas fallecidas.
Carrión insistió, citando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Comisión IDH) que se comprobó la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos humanos de las personas que participaron en el levantamiento popular.
El funcionario sostuvo que las manifestaciones ciudadanas son un proceso fundamental en la defensa de los derechos y de la democracia, el cual se vulneró en octubre, al registrarse acciones violentas por parte de la fuerza pública.
Sobre la fuerza con la que actuaron los agentes, Carrión, acogiendo el informe de la Comisión IDH, dijo que no se compadece ni se ajusta a los límites ni principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de las armas de fuego, que exige un mayor control y la comprobación de la absoluta necesidad de su uso.
Recordó que la CIDH recoge en su informe denuncias sobre la muerte de 14 personas, en el contexto de las protestas, con la sugerencia de que es obligación del Estado ecuatoriano investigar los fallecimientos, para determinar cuáles son producto de acciones violentas de la fuerza pública. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con esta recomendación, reclamó.
Cuestionó que, más bien, el Gobierno Nacional llevó a cabo un acto de reconocimiento a la Policía Nacional por su actuación durante el paro nacional del año pasado, pero no ha iniciado, hasta el momento, procesos de reparación a favor de las víctimas de la acción policial, ni siquiera de asistencia a los heridos.
Criticó también que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, puso en tela de duda la existencia de los fallecidos y acusó a la Defensoría del Pueblo de inventarse un muerto.
El defensor del Pueblo comentó que en el informe que prepara la Comisión Especial de Verdad y Justicia, sobre los hechos de octubre de 2019, resalta que recabó 519 testimonios, de los cuales 249 dan cuenta de vulneraciones de derechos humanos perpetrados por agentes estatales: derecho a la integridad, a la libertad personal, presuntas ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, presiones ocultas, tendencia sexual.