Advierte sobre consecuencias de la desvinculación de trabajadores de grupos vulnerables.
Punto Noticias. La Defensoría del Pueblo (DPE) exige a las autoridades de las empresas públicas en liquidación, como TAME, Correos y Ferrocarriles del Ecuador, que paguen, de inmediato, los sueldos pendientes y liquidaciones a los empleados.
Alerta que, en relación a las desvinculaciones de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, existen reglas jurisprudenciales definidas por las sentencias de la Corte Constitucional, que establecen protecciones especiales para estos grupos, sobre todo, para mujeres en estado de gestación, en período de lactancia, personas con discapacidad y trabajadores sustitutos, por lo que es necesario que las empresas actúen de acuerdo a lo señalado, para evitar acciones judiciales en su contra.
La DPE espera que este exhorto se acoja de manera inmediata y con la responsabilidad que la situación amerita, caso contrario, la institución tomará las acciones administrativas y judiciales que correspondan, a escala nacional, para proteger los derechos de los afectados, advierte.
El organismo defensor de los derechos humanos expresa su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de liquidar las empresas públicas, ya que podría generar graves violaciones a los derechos constitucionales, como la vida digna, el trabajo, la salud, el acceso a servicios públicos universales y de calidad, entre otros.
Insistió en rechazar la falta de pago durante varios meses consecutivos de las remuneraciones a los trabajadores, sustento básico y fundamental para un adecuado ejercicio de derechos, situación que se ve agravada dada la emergencia sanitaria y el anuncio de la liquidación.
También alerta que existiría falta de pago de las liquidaciones a las personas desvinculadas y de las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), actos que, evidentemente, son contrarios a la ley y a la Constitución.
La Defensoría del Pueblo puntualiza, en su comunicado, que las remuneraciones son derechos irrenunciables de los trabajadores y que las obligaciones que el Estado tiene, en su calidad de empleador respecto de sus servidores, no pueden ser pospuestas, porque son de cumplimiento inmediato y obligatorio.
La institución considera que la falta de pago al IESS afecta el derecho a acceder a las prestaciones sociales disponibles, entre ellas, la atención en salud.