Una jueza de la Unidad Judicial de Samborondón decidirá el futuro del funcionario designado por el Consejo de Participación Ciudadana.
Punto Noticias.- Una vez que la posesión de Raúl González, como nuevo superintendente de Bancos quedó suspendida por una acción de protección, su abogado, Robert Friend, aseguró que su cliente no tiene impedimento legal para ejercer su cargo y advirtió con demandas contra quienes han bloqueado su investidura.
En un canal de televisión, Friend indicó que su defendido no recibió ninguna impugnación ciudadana durante todo el proceso de selección realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y que cuenta con el documento del Ministerio del Trabajo que no tiene inhabilidad para ocupar ese puesto.
El pasado 20 julio, con cuatro votos a favor, González fue designado superintendente de Bancos tras integrar una terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana.
Tras su designación vinieron los cuestionamientos. Incluso, la consejera Sofía Almeida dijo que si González no cumplió con algún requisito es responsabilidad de la mayoría del Consejo.
El superintendente debía ser posesionado por la Asamblea Nacional el pasado viernes 29 de julio, sin embargo, la demanda interpuesta por la ciudadana Michelle Guerra en contra de los miembros del Cpccs impidió que se lleve a cabo su proclamación.
Según la demandante, en este proceso de selección se vulneraron derechos constitucionales. Por ello, pidió a la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, que analice el caso.
Uno de los conflictos en este caso surge por los roles que cumplía González como liquidador del Banco Territorial y de la Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Guayaquil.
Friend explicó que, si bien González presentó su renuncia como liquidador de la Mutualista, su dimisión aún no ha sido aceptada. Asimismo, señaló que los informes sobre la gestión de González en ambas entidades todavía no han sido revisados ni aceptados.
Con este antecedente, se cuestiona un posible conflicto de intereses, debido a que cuando González asuma su puesto podría revisar sus propios informes. Sin embargo, para el jurista esto no es así, ya que la Superintendencia de Bancos cuenta con distintos directores responsables de cada gestión.
El abogado mencionó que su cliente no se ha pronunciado públicamente sobre su investidura, pero que está “indignado”. Entre las demandas que plantea están sobre fraude procesal, asociación ilícita y obstaculización de servicio público.
Se espera que la jueza Ibarra se pronuncie sobre este caso, aunque para la defensa de González hasta es probable que dicte un fallo en contra porque anticipó que la magistrada ha sido cuestionada por otras polémicas decisiones.
El pasado viernes, los integrantes del Cpccs sustentaron la designación del superintendente de Bancos en la audiencia pública realizada en la Unidad Judicial de Samborondón.
Un día después, González emitió un comunicado en el que agradeció al presidente Guillermo Lasso por haberlo tomado en cuenta para la terna.
Añadió que lo suscitado en su contra es una clara intención de desprestigiarlo y atentar contra sus derechos constitucionales.
Denunció que se quiera usar la justicia para entorpecer el ejercicio de las funciones que le fueron confiadas e hizo un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, a vigilar la actuación de la jueza.