Solo en un mes, durante la pandemia, se registraron 10 mil llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar.
Punto Noticias.- María De Lourdes Mejía, Presidenta de la Fundación Desendor (Desaparecidos en Ecuador), participó en la Asamblea Nacional, en la conmemoración al Día internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer. El evento, dado este jueves 25 de noviembre, fue una oportunidad para dar a conocer el manifiesto en defensa de los derechos humanos y la erradicación de la violencia contra las personas vulnerables.
Mejía indicó que la sociedad actual debate la corrección de conductas sociales, que han conllevado a separar a las personas con falsas contradicciones. El análisis, dijo, no concluye con la identificación del agresor. “Es necesario encontrar las raíces que incitan el surgimiento de estas acciones de violencia fatal”.
Según datos de la Organización para la Promoción de la Economía Violeta, el 48% de las mujeres perdió su trabajo, y el 18% renunció por miedo al contagio, para cuidar a su familia durante la emergencia del COVID-19, señaló Mejía. Y solo en un mes, durante la pandemia, se registraron 10 mil llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Es decir, fueron 334 llamadas por día, cuatro por minuto.
“La violencia en contra de las personas es una disfunción social. Y, entre estas, se agrupan también las agresiones en contra de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, hombres, etnias, condiciones económicas, orientaciones sexuales, diversidad cultural. Desendor asume el compromiso de velar por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las personas desaparecidas y extraviadas”.
En este contexto, desde la Fundación exigieron que el estado adopte medidas necesarias para la investigación, búsqueda y localización de víctimas. Que el procedimiento sea sin discriminación. Que se mantenga la presunción de sobrevivencia durante la investigación. Que no se estigmatice al desaparecido respecto a su vida privada. Que se atienda psicológica y médicamente a la víctima y sus familiares después de su localización.
“Somos vigilantes de que los deberes del Estado se cumplan a cabalidad en este campo”, dijo Mejía al leer el manifiesto. E indicó que se pide garantizar los procesos de investigación y sanción a los responsables de la desaparición forzosa de personas. Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos en protección de derechos de personas desaparecidas o extraviadas. Y coordinar las acciones necesarias con las autoridades correspondientes para la búsqueda y localización de un ciudadano ecuatoriano en el exterior.
“Que acabe de una vez toda violencia: física, psicológica, económica, femicida, mediática, encubierta, simbólica, sexual, de salud, patrimonial, laboral, política, o en contra de la dignidad, la honra, el nombre, y los derechos reproductivos”, dijo Mejía.