Cientos de educadoras infantiles en el país enfrentan condiciones laborales precarias: trabajan sin recibir sueldos por meses y son despedidas al reclamar sus derechos.
Lucía (nombre protegido), una de las educadoras afectadas, trabajaba en el Centro Infantil Comititos, donde, junto a sus compañeras, decidió protestar públicamente debido a la falta de pago de salarios acumulados durante más de seis meses.
Según Lucía, el plantón y exigencias en medios de comunicación fue el último recurso, pues previamente habían informado a la coordinadora del centro sobre la situación.
Sin embargo, tras la manifestación, la respuesta fue contundente: la finalización de sus contratos, dejando a las educadoras sin empleo y sin los pagos adeudados.
Este centro, donde laboraba Lucía, ha estado bajo la gestión de dos fundaciones en convenio con el MIES en el último año.
- La Fundación «La Nacional Ecuatoriana», que administraba el centro hasta octubre, dejó una deuda de cuatro meses de salarios.
- La nueva fundación «La Buena Semilla», también ha acumulado retrasos en los pagos, adeudando dos meses de sueldo (septiembre y octubre).
Facturan pero no cobran sus sueldos
Las educadoras cumplen un horario de 7:30 a 16:30 de lunes a viernes, sin embargo, sus contratos se manejan bajo la modalidad de servicios profesionales y deben facturar mensualmente por sus servicios, a pesar de los retrasos en el pago.
Aunque su sueldo no supera los USD 630, el empleador, es decir la Fundación les obliga a afiliarse voluntariamente, lo cual no han podido hacer, debido a los retrasos en los pagos, lo que les generaría multas ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En el caso de Lucía, trabajó durante seis años en este centro, atendiendo a más a 36 niños y niñas de entre 1 y 3 años junto a 3 colegas. Nunca tuvo derecho a vacaciones, décimos o afiliación a la seguridad social, y tampoco recibirá una liquidación por el despido.
La situación es similar en los 1851 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan a nivel nacional bajo convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en los que más de 74.206 niños y niñas de 1 a 3 años de edad, reciben atención y cuidados.
Tercerización «camuflada» advierte experta
La abogada Angie Toapanta, coordinadora ejecutivaCentro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo«, explicó que el caso de las educadoras es un claro ejemplo de lo que considera una «tercerización camuflada» de los servicios del MIES.
Según Toapanta, el MIES transfiere recursos a fundaciones para que gestionen y administren los centros infantiles sin asumir directamente las responsabilidades laborales de las trabajadoras.
«De esta manera, el MIES evade las responsabilidades patronales que le corresponden. El modelo actual les permite a las fundaciones contratar a las educadoras bajo contratos de prestación de servicios profesionales, lo que implica que no tienen derecho a beneficios laborales como vacaciones, despidos o indemnizaciones», agregó.
Según la abogada, este modelo no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también implica una falta de control por parte del MIES sobre cómo se gestionan y ejecutan estos programas.
“Lo que está haciendo el MIES es, en esencia, tercerizar la administración de los programas sociales. Esto le permite ahorrar costos y mejorar su capacidad administrativa, pero a costa de la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en estos servicios”, comentó Toapanta.
«Yo no fui» se justifica el MIES
Harold Burbano, viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), negó las acusaciones de despidos y pagos pendientes. Aunque estos servicios son promocionados y gestionados como beneficios de esta cartera de Estado, Burbano, los cataloga como «privados», pues funcionan en convenio con fundaciones, y son estas las que no pagan y han despedido al personal.
Burbano, aseguró que los servicios no se han suspendido y que el MIES no ha despedido a ninguna educadora de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
Defendió la decisión de cambiar de cooperante en algunos casos, como el de los CDI Comititos, por problemas de mala administración que afectaban a los niños. Según Burbano, estos cambios son técnicos, no políticos, y se tomaron para mejorar la atención a los niños.
Mientras la Ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, ante el cuestionamiento por los retrasos en pagos y despidos respondió: «si hay responsabilidad en las fundaciones, porque tendría el MIES que asumir esa responsabilidad»
🔴 #Atención || Educadoras del Centro Infantil Comititos, ubicado en Colinas del Norte, denuncian que el MIES no les paga sus sueldos. Aseguran que les adeudan de todo el año 2022, parte del 2023 y 2024. @evelincaiza94 con los detalles. pic.twitter.com/Rh0rc0BZVE
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 23, 2024
Educadoras de Centros de Desarrollo Infantil del MIES no tienen «ni para el bus»