USD 3.500 millones de dinero sucio se habría blanqueado en Ecuador durante el 2021, dos veces más que entre 2007 y 2016.
El “lavado de activos” es un delito grave, que influye directamente en la calidad de vida de las sociedades y sus individuos; pero, al parecer, no saber de qué se trata impide que los ciudadanos se enfrenten a este problema y, en su mayoría, se convierten en víctimas de este delito.
Lavar activos implica legalizar los bienes obtenidos de forma ilícita e integrarlos a la economía del país. Estos bienes se derivan de varias actividades ilegales e inmorales, como: el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, evasión de impuestos, fraudes fiscales, enriquecimiento ilícito, entre otras cosas.
Pero ¿cómo afecta esto a las y los ciudadanos? Lo que sucede es que, a pesar, de que hay más dinero en la economía, no es un dinero que se refleje en la sociedad.
El lavado de activos promueve la desigualdad, porque concentra la riqueza en muy pocas manos; estos escenarios se recrudecen con las políticas financieras y tributarias que aplican los Gobiernos.
En el caso de Ecuador, el incremento del blanqueo de capital coincide con las medidas tomadas en los Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, los dos involucrados en escándalos por evasión de impuestos como: INA Papers y Pandora Papers, respectivamente.
El Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) cifró en USD 3.500 millones el dinero considerado «sucio», debido a su cuestionable procedencia, que se habría blanqueado en Ecuador en 2021. Esta cifra triplicaría los USD 1.200 millones estimados del periodo entre 2007 y 2016.
Este dinero, ilícito, que circula en la economía encrudece el escenario para los ecuatorianos, como resultado existe más corrupción y violencia criminal, acompañada de competencia desleal, inflación y un desbordamiento de las cifras de pobreza.
Actualmente, uno de cada cuatro ecuatorianos vive en situación de pobreza según el último informe del Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), lo que representa el 25% de la población.
Las políticas tributarias aplicadas por los Gobiernos de Lasso y Moreno habrían influenciado directamente en una desregularización del sistema financiero que dio paso libre para el blanqueo de capitales, así lo sostiene el economista Diego Borja.
“No hay que olvidar que esto empezó con Lenin Moreno, tiene nombre y apellido; él junto a Guillermo Lasso, hicieron leyes que vulneraban la economía con nombres que hacían alusión a lo contrario”, manifestó Borja.
Parte de las leyes a las que se refiere el economista son la Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada, en su cuarto intento y en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, durante el Gobierno de Lenín Moreno; y la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19, que entró en vigencia en el actual Gobierno, con Guillermo Lasso.
Mientras estas dos leyes se vendían como una suerte de salvación económica para el país, lo que ocurría realmente era que estaban diseñadas para salvaguardar los intereses de los grupos de poder y la banca, sobre todo la privada.
Por ejemplo, la reforma tributaria de Lasso, en su segundo libro llamado: Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para Regularización de Activos en el Exterior sustenta la forma en la que quienes no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias a tiempo, relacionadas al pago de impuesto a la renta o salida de divisas, según el Art. 25.
“No estarán sujetos a procesos de determinación por concepto de los tributos que se declaren y acojan a este régimen impositivo, ni a sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de los deberes formales relacionados con tales tributos”, esto a criterio del economista, Alberto Acosta, daría paso al blanqueo de activos obtenidos de forma ilícita.
Por su parte, el economista, Jonathan Baez, indica que se han implementado dos leyes que han minado el papel del Banco Central del Ecuador: «La Ley de Fomento Productivo con los artículos 40 y 42 quitó la posibilidad de Financiamiento al sector público y, la Ley de privatización del Banco Central del Ecuador (mal llamada defensa de la dolarización), al cambiar al sistema de 4 balances, deja en primer grado de importancia al sector financiero privado en lo que a uso de reservas internacionales se refiere. Un uso provocado por las transacciones que este sector realiza y que, si se trata de fuga de capitales, no retorna al país».
El experto aseveró que esta situación sería distinta si se financia internamente pues la fuga se vuelve poco probable, «como incentivos finales a la fuga de capitales y su impunidad está la ley tributaria de Lasso con las no sanciones, así como el anuncio de la la disminución del impuesto a la salida de divisas, ambos procesos agravarán esta situación», indicó.
Es entonces que, según el economista Borja, en Ecuador coexisten dos economías: la primera en la que se encuentra el sector financiero y los grupos de poder, que goza de estabilidad; mientras que, en la otra que se encuentran los ciudadanos comunes y corrientes prima la “penuria e inestabilidad”, según el experto.
Esto queda demostrado con cifras en el informe de la CELAG, donde llama la atención el crecimiento de las utilidades anuales del sistema financiero ecuatoriano, que incluye tanto a la banca privada como a las entidades de la economía popular y solidaria (cooperativas).
“A partir del año 2017, con excepción del año 2020, correspondiente a la pandemia. Si se obtienen promedios por períodos gubernamentales, se tiene que para el período 2007-2016 las utilidades promedio fueron de USD 361 millones anuales, mientras que para el período 2017-2020 subieron a USD 592 millones y para el período 2021-2022 alcanzan un promedio de USD 586 millones por año”.
Una investigación publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador evidencia que, dentro de los grupos de poder que incrementaron sus ganancias, en este periodo, se encuentra el del actual presidente Guillermo Lasso, ubicado en el top 5 de los 303 grupos económicos que habrían incrementados sus ganancias durante el Gobierno e Lenin Moreno, obteniendo USD 79 millones más en 2020, en comparación a 2019.