Además criticó la falta de toma de decisiones adecuadas y de la ejecución de un protocolo, ante la desaparición y femicidio de María Belén Bernal.
Gissela Garzón, asambleísta de UNES, informó que el proceso de juicio político que se lleva adelante contra el exministro Patricio Carrillo tiene tres aristas. Así: lo ocurrido en el paro de junio de 2022, la inseguridad y el femicidio de María Belén Bernal. Todos buscan su censura, para que se le prohíba que ejerza un cargo público por dos años.
La asambleísta Garzón es una de las cinco interpelantes contra el exfuncionario, por el caso de la desaparición y muerte de Bernal en la Escuela de Policía a manos del ahora exteniente Germán Cáceres.
“La ciudadanía tiene derecho a una vida libre de violencia”.
Para la asambleísta, el Estado representado por Carrillo tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y la protección de la gente. La Constitución establece una vida libre de violencia, lo que se incumplió pues el femicidio ocurrió dentro de la Escuela de Policía, institución pública.
Además Garzón criticó la falta de toma de decisiones adecuadas y de la ejecución de un protocolo, pues recién luego de cinco días de la desaparición se reconoció que había una crisis. Poco tiempo después Carrillo salió de viaje para un evento familiar, abandonando su cargo aún sabiendo que Ecuador estaba convulsionado por lo ocurrido con María Belén Bernal.
“A su regreso se comunicó una sola vez con Elizabeth Otavalo”.
Garzón informó que al momento el exministro Carrillo ha enviado descargos de manera física mediante correos electrónicos, pero no se ha presentado. Asimismo criticó la cobertura que le han dado los medios de comunicación a este caso que es de interés nacional.