Editorial de Radio Pichincha
Luego de una accidentada y caótica sesión de la Comisión de Fiscalización, los legisladores del bloque oficialista no dieron paso al juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Este era un procedimiento netamente parlamentario; es decir, se tenía que verificar que se cumplan con todos los requisitos para este trámite y luego calificar el juicio político, para que la Comisión de Fiscalización convoque a la Fiscal Diana Salazar y pueda presentar sus pruebas y argumentos de descargo.
Luego de esto, los integrantes de esta mesa legislativa tenían que valorar si las pruebas presentadas por la Fiscal eran suficientes para continuar con el pedido de censura o si lo mejor era recomendar al Pleno de la Asamblea que se archive.
Esto, no se cumplió, y simplemente se vio como una “nueva mayoría oficialista” en la Comisión de Fiscalización bloqueó este pedido y operó en favor de la Fiscal.
¿Nos sorprende? Pues la respuesta es NO. En este país se han inventado un sinnúmero de procedimientos y han ajustado tanto las leyes para beneficiar a unos cuantos que la institucionalidad está por los suelos y el confiar en que se actúe en derecho y respetando el debido proceso es casi imposible.
Incluso, la activista por los derechos humanos, Priscila Schettini, denunció que la Fiscal coordinaba con el asambleísta César Umajinga (quien apeló al Presidencia de la Comisión de Fiscalización y dirigió la sesión) el archivo de este juicio político.
Lamentablemente, parece que esto está normalizado y pocos son los que se escandalizan y denuncian este tipo de prácticas.
Con esto queda demostrado que actualmente la presión política y judicial está por sobre la Constitución y, por si fuera poco, ya existiría un acuerdo político entre el Gobierno y la Fiscal, para cuidar sus intereses. PUNTO