Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó que la Ley de la Asamblea está apegada a los estándares internacionales.
Punto Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis de la objeción parcial al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe que recomienda ratificarse en la mayoría del texto aprobado por la Asamblea y allanarse únicamente a una observación hecha por el Presidente.
Luego de la lectura del informe no vinculante, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión dijo que la mesa legislativa dedicó 36 sesiones ordinarias al tratamiento de este proyecto.
Subrayó que las objeciones presentadas por el Presidente Guillermo Lasso van en contra de la Constitución y los estándares internacionales. Por ello, la Mesa recomienda al Pleno la ratificación en el contenido de los artículos 1, 4, 5, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 54, 65, 66, 68; y las Disposiciones Reformatorias Primera, Séptima, Octava, Décimo Novena y Vigésimo Séptima. Así mismo, propone se acoja la observación del Ejecutivo al artículo 14.
Aclaró que, mediante sentencia, la Corte Constitucional estableció que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las únicas facultadas para usar la fuerza; que la rendición de cuentas es una obligación de todo servidor público y, más aún, los agentes del orden; que el único caso en el que la fuerza pública no puede usar animales es para atacar a personas durante una protesta social; y que se eliminó el protocolo de progresividad en el accionar policial. Ahora, el policía puede actuar según sea el caso de la amenaza.
El Pleno recibió en comisión general a actores de derechos humanos y representantes de organizaciones relacionadas con la fuerza pública, quienes expusieron sus criterios sobre la objeción parcial impuesta por el Presidente de la República.
El general Fausto Olivo, director de Talento Humano de la Policía Nacional, subrayó que las objeciones presentadas por el colegislador fueron realizadas por la Policía Nacional, y pretenden garantizar, además de la vida de los ciudadanos, la vida de los agentes del orden.
Por su parte, Angélica Porras, de Acción Jurídica Popular, expuso que la fuerza letal está prohibida y debe ser utilizada en casos excepcionales, así mismo recalca en la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó que el proyecto aprobado por la Legislatura está apegado a lo que establecen los estándares internacionales para usar la fuerza en estricto respeto a los derechos humanos.
Por último, Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, expresó su preocupación por la falta de presupuesto ante la posibilidad de que entidades complementarias a cargo de los gobiernos descentralizados puedan aplicar el uso legítimo de la fuerza.