Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, presentó una acción de protección para salvaguardar sus derechos constitucionales, alegando vulneraciones por decisiones administrativas en el Consejo de Protección de Derechos.
La demanda se interpuso este 10 de octubre de 2024, en contra de las principales autoridades del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Otavalo afirma que, desde que asumió el cargo de Coordinadora Técnica en el Consejo en septiembre de 2023, ha enfrentado revictimización y acoso laboral, que, según ella, provienen de la exsecretaria María Gloria P.
Revictimización y acoso Laboral
Otavalo ha señalado que se le han negado permisos para asistir a instancias nacionales e internacionales en calidad de víctima directa del femicidio de su hija, un crimen que conmocionó al país en 2022 y que la ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género.
Pérez habría rechazado sus solicitudes de permisos, argumentando que eran asuntos personales. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo ha intervenido, indicando que, al ser víctima de femicidio, la negativa a conceder permisos sin afectar sus vacaciones es contraria a lo establecido en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Otavalo considera esta negativa como acoso laboral y revictimización. Afirma que las acciones de Pérez han impactado negativamente en su desempeño laboral y han desestimado su lucha como madre de una víctima de femicidio y como activista por los derechos de las mujeres.
Además, su salud se ha visto comprometida, como lo confirma un diagnóstico médico que revela ansiedad, alteraciones del sueño y episodios de depresión.
Salida del Consejo de Protección de Derechos
La madre de María Belén Bernal, quien, tras el femicidio de su hija, se quedó a cargo de su nieto, Isaack, también reclama la vulneración de su derecho al trabajo, cuya estabilidad tiene protecciones reforzadas, por tratarse de una persona dentro del grupo de atención prioritaria.
Tras la salida de la exsecretaria Pérez del Consejo, Otavalo también recibió la notificación de su salida de la institución por parte de la nueva autoridad Valeria U, en septiembre pasado.
Otavalo argumenta que este despido refleja una falta de sensibilidad hacia su condición como madre de una víctima de femicidio, lo cual no solo afecta su desempeño laboral, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el tratamiento de las víctimas de violencia dentro del entorno institucional.
Pretensiones de la demanda
La demanda busca:
- Reconocimiento judicial de la vulneración de derechos constitucionales fundamentales de las víctimas de violencia.
- Garantizar el derecho a recibir atención prioritaria y especializada, así como estabilidad laboral para las mujeres afectadas.
- Anulación del memorando que impacta su cargo y su restitución inmediata en condiciones equitativas.
- Disculpas públicas en la página web del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, reconociendo la violación de derechos y asegurando la reparación correspondiente.
- Capacitación para los trabajadores del Consejo en perspectiva de género y atención a víctimas, con el fin de prevenir futuros casos de discriminación y violencia en el ámbito laboral.
De su parte, el Consejo de Protección de Derechos analiza la demanda y por el momento han preferido no pronunciarse al respecto.
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