Una decisión judicial permitirá conocer esta información.
Punto Noticias. Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, destacó la decisión judicial de conceder la acción de acceso a la información pública para transparentar el proceso de vacunación contra la covid-19, que se lleva a cabo en el país.
Porras señaló que son tres aspectos lo que demandaron ante los tribunales correspondientes: conocer los términos de referencia y los contratos celebrados por el Gobierno Nacional y las farmacéuticas que proveerán de las vacunas, sobre todo con Pfizer.
El segundo punto, el plan de vacunación y el tercero el listado de las personas que ya fueron inmunizadas, información que debe ser entregada por el Ministerio de Salud en un plazo de 15 días, de acuerdo a la resolución judicial.
Porras manifiesta que, a pesar de que la secretaría de Estado introdujo una apelación a la decisión de la jueza, tiene que entregar la información, porque se trata de una acción constitucional.
La jurista señala la necesidad de saber con qué criterio el Ministerio de Salud privilegió, por ejemplo, la vacunación a determinadas personas de la tercera edad, tomando en cuenta que este grupo poblacional está compuesto por más de un millón y medio de ciudadanos.
Porras anota que de lo que se conoce y ha sido reconocido, de manera pública, por el propio exministro Zevallos, las dosis fueron inoculadas a allegados del propio exfuncionario, lo que está prohibido por la ley, indica.
La integrante de Acción Jurídica Popular adelantó que la información que entregue el Ministerio de Salud la harán pública, porque considera que no debe ser confidencial, ya que no se está solicitando saber el estado de salud de las personas inmunizadas, sino quiénes se beneficiaron de un bien público, que es la vacuna.
“Decir que es una información confidencial equivaldría a decir que los padrones electorales son información confidencial, cuando estos son públicos, en los que consta el nombre de las persona, inclusive donde vota. Igual es en este caso”, comparó.
Espera que se sepa si las personas que se beneficiaron con las dosis de las vacunas lo hicieron porque debían o por ser amigas del exministro, del presidente de la República o de quienquiera que esté en el poder.