Editorial de Radio Pichincha
El allanamiento de las instalaciones del ministerio de Energía, como fue hace unos meses atrás, solo es una prueba de cómo se ejerce el poder. No precisamente para atender a la gente, a sus necesidades, a los graves problemas de la economía y de la seguridad, sino para imponer su libreto. Y lo mismo, al caer la noche, hicieron con los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana: destituyen a quienes consideran sus adversarios políticos, porque tienen una identificación ideológica y nada más.
Sorpresivamente el ministro de Defensa advierte, por la mañana, en rueda de prensa que hay una confabulación para crear una crisis energética y en la tarde la Fiscalía, sin chistar, va al ministerio del ramo para buscar evidencias de lo denunciado por el secretario de Estado. Y esas evidencias, si las hay, nos estarían diciendo que el estiaje no existe, que no se planificó nada para prevenir la escasez de energía, que el alquiler de las barcazas se hizo a dedo y que no se estudió dónde se las iba a poner y con ello no hubo ni habrá solución técnica ni científica para impedir los apagones que ya empezaron a afectar a diversas poblaciones.
Así nomás, como ocurrió en abril pasado, cuando se iniciaron los apagones y fue la misma actuación de la Fiscalía y del Gobierno. Y de esa fecha para acá no ha pasado nada, no tenemos una respuesta oficial y documental de qué salió de ese ministerio y por qué ahora se repite el libreto.
De verdad, ojalá con tantos allanamientos, ruedas de prensa y comunicados tuviésemos, en la misma cantidad y proporción, energía eléctrica. Si gastaran menos en esos actos y se ocuparan más de darnos luz sería digno de aplauso.
Pero es que hay algo más: “el culpable siempre es el otro”. Típico comportamiento de una sociedad que no asume los restos con sentido de responsabilidad y de visión histórica.
Luego, en la noche, como para instalar la conversación por fuera de lo importante, un Tribunal Contencioso Electoral, como ya nos tiene acostumbrados, se inclina ante el poder de la Mafia Mediática y hace lo que ésta le ordena: destituir a los consejeros con una posición ideológica. ¿Por qué no hacen lo mismo con todas las denuncias de la misma naturaleza que han surgido en contra de los que ostentan el poder político y económico desde hace siete años?
Sería pedir peras al olmo. Claro, aquí se ha instalado un autoritarismo y totalitarismo nacido del Trujillato y que no tiene límites, no mide consecuencias constitucionales o legales. ¡Qué va!
Han destrozado la institucionalidad, a la que tanto apelaban cuando no estaban en el poder. Se hace cualquier cosa y la Mafia Mediática la consagra en titulares y con los aplausos del caso dejan en la impunidad a todos los responsables, que ni siquiera dan la cara.
Y todo esto, no cabe duda, apunta a un solo objetivo: impedir que otros asuman el poder político, ganen elecciones o se instalen en lo que siempre han defendido: la alternabilidad, como uno de los pilares de la supuesta democracia. PUNTO