Sin pruebas, un conjuez provincial de lo civil aceptó el pedido del fiscal Wilson Toainga para hacer allanamientos. Es un juez investigado por irregularidades, alertó Enma Tapia.
La jueza Enma Tapia calificó como un show político a la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, en el caso Confourtable, donde tanto ella como la magistrada Katherine Muñoz fueron sujetas a allanamientos, por supuestamente haber concurrido en el delito de cohecho.
Tapia detalló que como juezas constitucionales tuvieron que resolver el pedido de hábeas corpus solicitado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, para que lo cambien de la cárcel de máxima seguridad, La Roca en Guayaquil, a la cárcel 4 en Quito.
Enma Tapia explicó que el juez penal que llevó inicialmente el caso de Terán, dispuso que cumpla prisión preventiva en la cárcel 4, pero el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), decidió llevarlo a La Roca por considerar que en el centro de privación de Quito, su integridad física y sexual corrían peligro.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece la autoridad debe tener información e investigación previa que permita saber que la vida del privado de la libertad corre peligro”, agregó
SNAI en silencio y Fiscalía ausente
Enma Tapia mencionó que el tribunal constitucional, que ella integró, solicitó al SNAI fundamentos para justificar la decisión de mantener a Wilman Terán en La Roca, frente a lo cual se leyó dos líneas de un documento donde únicamente se menciona que la vida del exfuncionario estaba en riesgo.
“La abogada del SNAI dijo que era todo lo que tiene, no había otro fundamento para hacerlo”, recalcó.
Tapia indicó que tras los cuestionamientos de las juezas para que se demuestra el supuesto peligro que corría la vida de Wilman Terán en la cárcel 4, la abogada del SNAI respondió que se acogía al derecho al silencio. Mientras que a las audiencias, el fiscal Wilson Toainga ni si quiera se presentó.
“¿Cómo actúa un tribunal constitucional frente a un Estado que no se defiende y Fiscalía no va?”, cuestionó.
La jueza Enma Tapia reprochó que pese a la ausencia de Wilson Toainga a las audiencias, el propio fiscal haya solicitado los allanamientos a sus viviendas y oficinas, a fin de buscar algo con qué inculparlas.
“Eso no funciona así, eso es ilegal e ilegítimo, debía tener elementos de convicción y luego actuar”, puntualizó.
Conjuez investigado
La jueza Enma Tapia manifestó que Pablo Fajardo Loaiza, encargado de emitir las órdenes de allanamiento, es un conjuez provincial de lo civil, e incluso denunció que dicho magistrado está siendo investigado por varios casos inrregulares.
“Coincidencialmente el señor sale sorteado y ordena, sin fundamentos algunos, los allanamientos (…) El señor no es juez de la Corte Nacional, ni está encargado de temas penales”, remarcó.
Tapia advirtió que, por este caso, el conjuez Pablo Fajardo puede ser acusado de error inexcusable.