Aseguró que la consulta popular no resuelve ningún problema de los ecuatorianos sino que el Gobierno busca consolidarse para privatizar los sectores estratégicos.
El asambleísta José Agualsaca destacó la decisión de la Corte Constitucional de destituir a los siete consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, especialmente a Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, quienes ya fueron cesados por el Pleno Legislativo.
“Respondían al Gobierno de Lasso para entrometerse en las decisiones de la Asamblea”.
Manifestó que con la resolución de la Corte se ratifica el juicio político pero sobre todo promueve la salida de la crisis política, económica y de inseguridad que tiene el país.
Indicó que el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que indique quienes serían los consejeros que sustituyan a los destituidos a fin de poder posesionarles y que acaben el periodo que resta.
Respecto a la consulta popular, subrayó que las ocho preguntas no resuelven ningún problema de los ecuatorianos y más bien tienen como objetivo avanzar en la consolidación de la privatización de sectores estratégicos como el seguro social, el seguro campesino, las hidroeléctricas, las empresas públicas, el Banco del Pacífico, entre otros.