Para los ahora exfuncionarios del CPCSS se vulneraron sus derechos, hay inquietud entre quienes están en campaña.
Punto Noticias.- Una vez que el Pleno de la Corte Constitucional (CC) destituyera a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ya se anticipan acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos. Además cinco de ellos participan como candidatos a la reelección y su futuro es incierto.
Los siete consejeros destituidos son: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofia Almeida, Juan Xavier Dávalos y David Rosero. Solo Ulloa y Almeida no postularon a la reelección.
En este punto es donde se genera un mayor conflicto por quienes quieren continuar en el Cpccs, pues en el caso de ganar los comicios el 5 de febrero, no podrán posesionarse en el cargo.
La opinión del jurista
Según el jurista Carlos Alvear, tras la sentencia de la Corte Constitucional, los cinco consejeros que van por la reelección, ya no podrán asumir el cargo si ganaran los comicios. La Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe el ejercicio del cargo por dos años a quienes han sido destituidos.
Y, por otro lado, está la sentencia del juez Ángel Lindao, que ayudó a los consejeros de mayoría a retornar al Consejo de Participación Ciudadana. Si se siguiera el curso de la reversión se llegaría al mismo punto: destituir a los consejeros y quedarían inhabilitados para ejercer el cargo por dos años.
Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional no hace referencia a que no puedan ejercer sus derechos políticos. Por lo tanto, los ahora exconsejeros que participan en los comicios dicen tener -al momento- en firme sus candidaturas.
Los implicados
David Rosero, quien va por la reelección, comentó que se trata de una decisión que surge en medio de una crisis del Gobierno. Y que salpica al Consejo de Participación, ente encargado de designar a las autoridades. Rosero dijo no estar de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en torno a la causal de destitución.
De acuerdo con la Corte hubo incumplimiento “deliberado y sistemático» por parte de los consejeros a la sentencia, a través de la que ese organismo dispuso en septiembre 2022 designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura que reemplace a Fausto Murillo.
Ante ello, comentó que junto con los consejeros Sofía Almeida y Juan Xavier Dávalos que conformaron la minoría, lucharon por que se cumpliera esa decisión. Pero fue frenada por los otros consejeros que recibían órdenes del gobierno de Guillermo Lasso.
“El presidente Lasso, Ulloa y Murillo controlan la Función Judicial”, dijo David Rosero.
En ese sentido, David Rosero señala que la Corte Constitucional les dio la razón, para que el abogado Álvaro Román asuma el Consejo de la Judicatura.
En cuanto a su candidatura mencionó que sigue en firme porque él ya había salido de la institución -justamente- por el tema de la campaña. Manifestó que una de las acciones que adoptará es acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza un recurso de repetición.
Por su parte Ibeth Estupiñán, otra consejera destituida, mencionó que continuará con su campaña y que hoy recorrerá Manabí.
Estupiñán sostuvo que aquí hay un interés político por la consulta popular, para que ya el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca como ente para designar autoridades.
“Esta consulta engañosa pretende restringir derechos, es promovida por el Ejecutivo y avalada por la Corte Constitucional. Eso muestra que no hubo ninguna coordinación con el Ejecutivo”, enfatizó.
Al ser consultada si se siente traicionada por el Gobierno con el cual se ha relacionado al grupo de mayoría del que formaba parte, insistió que ese es el discurso de los ahora exconsejeros de minoría y aseveró que sus actuaciones fueron siempre independientes.
Por lo tanto, subrayó que su accionar ahora será acudir a una instancia internacional porque se vulnera su derecho a elegir y ser elegida.
Estupiñán expresó que analizará con su equipo jurídico su caso ya que es funcionaria de carrera del Consejo de Participación.
Los exconsejeros Almeida y Dávalos también analizan acciones ante lo expuesto por la Corte Constitucional.
Para Almeida el fallo de la Corte Constitucional refleja justicia por un lado e injusticia por otro.
La razón es que salieron del Consejo los consejeros de mayoría, aunque el grupo minoritario no debía hacerlo. Y la otra situación es que se nombró a Román como el grupo de minoría lo consideró.
Reconoció que el Consejo de Participación incumplió con la sentencia al no designar al presidente de la Judicatura, pero aclaró que esa decisión la adoptó el grupo de mayoría.
Acciones en organismos internacionales
También señaló que intensificará acciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde ya está un documento cuando se vulneró su derecho como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. El siguiente paso será adjuntar otra documentación con respecto al nuevo tema.
En cambio, Dávalos puntualizó que la Corte Constitucional actuó de manera política para “tapar los actos de corrupción del presidente Guillermo Lasso”.
Expuso que no se respetó el legítimo derecho a la defensa y los alegatos que presentaron ante la Corte Constitucional la minoría que, desde el 9 de febrero de 2022, estaba convencida que había que nombrar al titular de la Judicatura para sacar del hueco en el que estaba la justicia.
“Como no hay garantías para defenderme acudiré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aunque el proceso es largo al final precautelarán mis derechos que han sido vulnerados, ya que se sigue beneficiando a unos procos por las grandes mayorías de este país”, exclamó.
Comentó que reunirá la documentación necesaria para hacerlo y espera que eso le tome no más allá de 15 días.