La mesa legislativa especializada en la temática recibe aportes para elaborar el informe para segundo debate.
Punto Noticias. Con el fin de recoger observaciones y aportes para el informe de segundo debate del proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la mesa legislativa de Educación desarrolla talleres de trabajo.
En este proceso se llevó a cabo el curso Mecanismos de protección ante la violencia educativa y la inclusión educativa, en la que Vladimir Andocilla, asesor de la asambleísta Jeannine Cruz, presentó estadísticas respecto a la violencia en instituciones educativas.
Señaló que entre 2014 y 2020 se han receptado 10.616 denuncias, a través del sistema educativo nacional; de esa cifra, 3.593 se relacionan a presunta violencia sexual, cometida por personas al interior del sistema educativo y 7.023 denuncias fuera del sistema.
En vista de esta realidad, el informe para segundo debate de la LOEI contendrá propuestas como la restauración de derechos en casos de vulneración, mecanismos de protección para niños y adolescentes, entre otros.
Nathalie Briones, representante de la Asociación de Psicólogos Infantiles y Rehabilitadores, señaló la necesidad de que los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) implementen planes y programas de prevención de la violencia.
Roberto Beltrán, catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja, planteó que en las reformas también se incorpore el concepto de violencia simbólica en el ámbito educativo. Sugirió impulsar el uso de la mediación dentro del sistema, que podría ayudar a disminuir los niveles de violencia. Recomendó a los DECE detectar y mapear los tipos de violencia que se generan en las instituciones.
La profesional educativa Yasmín Cevallos considera que los DECE deberían jugar un papel protagónico en la prevención de la violencia, para lo cual se debería sensibilizar a la comunidad educativa en cuanto al buen trato.
En el taller también se abordaron mecanismos para la educación inclusiva, temática en la que aportaron diversos actores de la sociedad civil, académicos y profesionales.
Cevallos defendió que los estudiantes con necesidades educativas especiales son sujetos de derecho, en tanto tienen que recibir apoyo de los psicopedagogos, psicólogos educativos, entre otros profesionales, quienes deberán velar para que estos se beneficien de las adaptaciones curriculares por parte de los docentes.
Sostuvo que es fundamental sensibilizar a la comunidad educativa a superar barreras, para que los estudiantes con necesidades especiales gocen de una verdadera inclusión educativa.
A juicio de José Cuenca, académico, es necesario formar un equipo multidisciplinario para la formación de niños, niñas y adolescentes, en el que intervengan psicólogos infantiles y psicorehabilitadores, ya que están preparados para realizar programas de neurodesarrollo, identificar problemas de trastorno de aprendizaje y capacitar a los docentes.
Otros criterios de profesionales y académicos coincidieron en que toda la responsabilidad no debería caer solo en el Departamento de Consejería Estudiantil, puesto que solo un profesional debe atender a más de 500 estudiantes, por lo que también se necesita del apoyo de los directivos y padres de familia.
Nathalie Briones alertó que para trabajar en educación especial y realizar seguimiento de terapias es necesario la implementación de más profesionales, porque en ocasiones al DECE no se le da la importancia del caso y muchas veces ocupan el tiempo en llenar matrices.
Fuente: Asamblea Nacional.