Cree que responde al afán de entregar prebendas a algunos sectores, como a los militares.
Punto Noticias. Freddy Peñafiel, exviceministro de Educación, considera que la Asamblea Nacional, al aprobar las reformas de la Ley de Educación Intercultural, hizo una norma difícil de comprender, para contentar a todo el mundo.
A pesar de que el proyecto de ley llevó tres años discutiéndose, cree que el proyecto fue elaborado al apuro, para complacer a diversos gremios, a diversas gentes que pedían “cositas”.
No desconoció que tiene temas bastante importantes, como la garantía de derechos, cultura de paz, proyecto de vida, fortalecimiento de los departamentos de consejería estudiantil (DECE), la revalorización docente, a través de los sueldos.
Cuestionó que la Ley reformada devolvió los establecimientos educativos a militares y policías, que pasaron a ser parte del sistema fiscal en el gobierno de Rafael Correa. A decir de Peñafiel, estas instituciones escolares, a pesar de ser públicas, eran espacios secuestrados por la oficialidad.
Ahí no iban a estudiar los hijos de los conscriptos, sino de los generales, coroneles, de la alta aristocracia militar, pagados por el Estado, dice el exviceministro.
Expresa su desacuerdo con el argumento exhibido por la Comisión legislativa de Educación de que lo hizo, devolver a militares y policías los colegios, para que estos mejoren la calidad de la educación, que se vino a menos al pasar a ser fiscales o fiscomisionales.
Peñafiel sostiene que la solución no es regalarlos, de nuevo, a la privatización, sino mejorar la calidad de la educación a nivel general, dotando de mejores herramientas, docentes y demás. Esta le parece una excusa absurda, injusta y discriminatoria, porque a un colegio público debería ingresar cualquier estudiante, no solo los hijos de los militares.
Deploró que la aristocracia militar quiso recuperar los colegios como un tema de honor, más que de servicio, porque sintieron que se los había tocado en su fuero más íntimo.
El exsubsecretario advirtió que una autoridad militar podría ordenar que se vuelva a cobrar pensiones en los colegios recuperados, a partir del nuevo año lectivo, y disponer que quienes no lo hagan salgan de la institución educativa.
Lo lógico debe ser que la pensión se cobre a quienes ingresan a educación inicial, en el nuevo año escolar, y los estudiantes de primero hacia arriba deben seguir estudiando, sin pagar pensión, durante los 12 años, hasta que la situación se normalice. No hacer eso sería absolutamente discriminatorio, alerta.