El CPCCS es una figura que a las élites ha estorbado y molestado, agregó.
Fernando Cedeño, asambleísta de UNES, destacó que el descalabro institucional que vive el país, tuvo su origen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), dirigido por Julio César Trujillo.
“A partir de ahí llaman a una consulta popular mañosa en la que deciden que no serán designados por concurso sino por voto popular”.
Recordó que al mes y medio de haber sido elegidos los primeros consejeros por voto popular se presentó un juicio político contra cuatro de sus integrantes y de ahí en más se han registrado algunas irregularidades que ha provocado algunas destituciones como la última contra Hernán Ulla, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Detalló que el cese de funciones no solo se dio por haber permitido la prorrogación de funciones de algunas autoridades como el Contralor General del Estado, sino también por haberse tomado la Institución por asalto, con complicidad del Ejecutivo que envió un dispositivo de Policías para acordonar el edificio y destituir a Sofía Almeida de la Presidencia del CPCCS.
“Claramente se justificaba el juicio político”.
Indicó que ahora la Asamblea está a la espera de recibir un oficio del CNE donde se indique quienes deberán sustituir a los consejeros destituidos a fin de que ejerzan funciones hasta marzo de 2023.
Cuestionó el mal uso de las acciones de protección, a propósito de la medida interpuesta por los funcionarios cesados, y aclaró que desde el Legislativo no se permitirá una intromisión a la primera función del Estado.
Lamentó que desde la creación del CPCCS en la Asamblea de Montecristi, las élites hayan intentado deslegitimarla pues representa una figura que molesta y estorba.