Esta actividad ilegal pone en riesgo a los habitantes de la zona intangible Tagaeri-Taromenane.
Punto Noticias. El ingreso de madereros, presuntamente de nacionalidad peruana, para realizar tala ilegal en la zona intangible Tagaeri-Taromenane y en el Parque Nacional Yasuní, convocó la comparecencia de varias autoridades, de forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad de la Legislatura.
Los funcionarios explicaron las acciones emprendidas, en el ámbito de sus competencias. La fiscal general, Diana Salazar, sostuvo que apenas el viernes 11 de diciembre le llegó la denuncia para iniciar procesos de investigación, por parte del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Derechos Humanos.
“No solo se debe informar a la Asamblea Nacional y justificar su accionar ante una problemática”, reclamó la fiscal, quien pidió que las instituciones se comprometan a cumplir con sus obligaciones para poner fin a la tala ilegal en las zonas mencionadas.
Informó que, ante la denuncia presentada por la Fundación Alejandro Labaka y por el Fondo Ecuatoriano Populorum, se han mantenido reuniones con varias autoridades. Sobre el ingreso ilegal de madereros peruanos a las zonas de aislamiento voluntario, dijo se han realizado actuaciones preprocesales para recabar información, toma de versiones, seguimiento de los hechos y se aplicará la sanción respectiva.
A su criterio, no basta con la acción aislada de la Fiscalía, es necesaria una acción conjunta de todas la instituciones del Estado para exigir que se respete nuestra frontera, para lo cual es imperativa la colaboración de las Fuerzas Armadas para que el delito flagrante entre en proceso penal. Aseveró que la Fiscalía luchará contra este delito para que no quede en la impunidad.
Luis Hinojosa, director Ejecutivo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), denunció que hay personas invasoras que establecen campamentos temporales en nuestro territorio, se dedican a la extracción ilegal de las maderas más finas: cedro, caoba, chuncho, y se los llevan a través de los ríos hacia el Perú. Esta acción afecta igualmente a la fauna local y a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Advirtió que es preocupante que las autoridades competentes, especialmente las encargadas de salvaguardar nuestras fronteras y el área protegida, no hayan puesto cartas en el asunto para impedir que se sigan produciendo estas incursiones ilegales. No se puede permitir la afectación a nuestra biodiversidad en zonas que deben gozar de la máxima protección ambiental y tienen el carácter de intangibles; además, preocupa que estos actores pongan en muy grave riesgo las vidas de personas y comunidades amazónicas, más concretamente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, alertó.
Sugirió que, detener estas incursiones ilegales, las autoridades de Gobierno destinen los recursos económicos, materiales y de talento humano para poner fin a esta situación de forma inmediata; la urgente intervención de la fuerza pública; que la Fiscalía realice las investigaciones del caso y oficie, inmediatamente, a los cuerpos de seguridad del Estado y a los ministerios involucrados; y se informe a la ciudadanía sobre las acciones que actualmente se están realizando en este aspecto.
Jesús García, presidente de la Fundación Alejandro Labaka, exhortó la intervención de las autoridades para que actúen y tomen acciones para cuidar las áreas protegidas de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane y del Parque Yasuní.
Luis Gallegos Chiriboga, ministro de Relaciones Exteriores, señaló que desde febrero de 2019 hasta la actualidad, en reuniones bilaterales, se ha puesto en conocimiento de las autoridades peruanas las incursiones ilegales de madereros de este país. Dado que continúa este problema, en el primer trimestre de 2021 se insistirá sobre este particular en una nueva reunión bilateral.
Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, señaló que realizan monitoreos permanentes a la tala ilegal por parte de madereros peruanos. Dijo que el 11 de diciembre se realizó la denuncia ante la Fiscalía de Orellana, por etnocidio, invasión de áreas protegidas, delitos contra flora y fauna silvestre, marina o acuática y se solicita se sanciones con la máxima pena, además de la reparación integral a pueblos en aislamiento voluntario.
El ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, señaló las acciones emprendidas para la protección de pueblos, nacionalidades y áreas protegidas. Indicó que existen 12 puntos de control. En este año se realizaron 1.083 patrullajes terrestres, 449 patrullajes fluviales y 185 operativos. Se presume que las personas que realizan este ilícito portan armas por lo que el operativo debe realizarse con mucha reserva, enfatizó. Dijo que se ha interpuesto ante la Fiscalía dos denuncias, una en contra del ataque a los guardaparques y otro por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.
Fuente: Asamblea Nacional.