Los abogados de cada una de las partes procesales insistieron en la nulidad de lo actuado y cuestionaron la competencia del juez.
Punto Noticias.- Tras escuchar los alegatos sobre los vicios de nulidad de las defensas de las partes procesales en el caso Las Torres, la fiscal general del Estado, Diana Salazar solicitó al juez Felipe Córdova que no dé paso a esas pretensiones y se declare más bien la validez del proceso por delincuencia organizada.
Lo hizo durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 13 personas, entre ellas el excontralor subrogante, Pablo Celi.
Los abogados insistieron que se violentó el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica porque no hubo notificaciones sobre la causa a sus clientes y coincidieron que el juez a cargo del caso no sería competente.
La fiscal Salazar refutó cada una de estas aseveraciones y afirmó que sí se ha dado paso al derecho a la defensa para el desarrollo de la causa.
Reiteró que el juez Córdova es competente para tratar la causa, a pesar de que asumió como magistrado de turno.
Sostuvo que no se puede decir que la Fiscalía se puso de acuerdo con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) para un acto urgente como señaló la defensa de Celi.
Además, la fiscal y la representante de la Procuraduría rechazaron el vocabulario sexista y patriarcal mencionado por el abogado del excontralor subrogante, al señalar que hubo una relación íntima entre la Fiscalía, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, por lo que solicitaron respeto y se ciñan a los términos jurídicos.
Sobre la competencia del juez Córdova, la fiscal reiteró que, de acuerdo con el principio de prevención, quien dictó la actuación urgente es el competente para sustanciar la causa y posterior la audiencia de formulación de cargos como sucedió.
Dijo que si la intención del abogado sería porque se adelantó criterios con la orden de allanamiento está fuera de lugar.
Comentó que si se dice que la investigación previa duró más de un año y medio fue porque en esa época eran sospechosos y por tanto no se podía notificar.
Salazar recordó que el 31 de octubre de 2019 se solicitó asistencia penal a Estados Unidos debido a que fue en esa época que se inició la investigación luego que Roberto Barrera y José de la Torre fueron detenidos en ese país por delitos relacionados con lavado de activos.
La fiscal dijo que al no tener certeza que las personas mencionadas en un expediente estaban vinculadas con la supuesta red de delincuencia organizada, no se podía hacer notificaciones como si fuesen hojas volantes.
La funcionaria precisó que fue el 13 de abril de 2021 que ya se fue definiendo el proceso, luego que se realizaron una serie de allanamientos en Quito y Guayaquil, en donde fue detenido, por ejemplo, Pablo Celi y posteriormente, se dio la audiencia de formulación de cargos.
La representante de la Procuraduría, así como la parte acusadora pidieron que se declare la validez del proceso, de todo lo actuado.
Posterior a estas intervenciones, las partes procesales ejercieron el derecho a la réplica concedido por el juez del caso.
Finalmente, el juez Córdova dispuso que la audiencia continuará este miércoles 8 de diciembre, a las 11:00.
Fuente: Corte Nacional de Justicia