La planificación era que el 5 de noviembre lleguen los primeros 50 megavatios a Quevedo, otros 100 llegarían a Salitral y 90 a Esmeraldas, hasta finales del mismo mes. No se cumplió.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana e integrante de la Comisión de Fiscalización, Sofía Espín, señaló que la Fiscalía y la Contraloría deberían investigar la contratación de termoeléctricas, que impulsó el Gobierno de Daniel Noboa, y por la cual se dio un anticipo del 60% y 70%, sin que se haya cumplido con las fechas.
“Esto es grave y no solo hay legisladores que denunciaron estos hechos, la Comisión Anticorrupción también lo hizo”, remarcó.
Espín recordó que durante la administración de Roberto Luque e Inés Manzano, en el Ministerio de Energía, se hizo una contratación de 240 megavatios de energía termoeléctrica, que se supone llegarían a lo largo de noviembre de 2024, pero nunca arribó.
La planificación era que el 5 de noviembre lleguen los primeros 50 megavatios a Quevedo, otros 100 llegarían a Salitral y 90 a Esmeraldas, hasta finales del mismo mes.
En ese sentido, Sofía Espín detalló que incluso cuando esa energía arribe a Ecuador, demoraría en instalarse entre dos a tres meses, por lo que muy difícilmente el Gobierno cumplirá su palabra de acabar con los apagones en diciembre.
La asambleísta indicó que la única gestión que ha realizado el régimen de Daniel Noboa es la compra de una barcaza que provee de 100 megavatios y la elaboración de dos proyectos de ley, que la Asamblea Nacional aprobó, pero que no han servido de nada.
Juicio político de Andrea Arrobo
La legisladora Sofía Espín sostuvo que la desvinculación de Andrea Arrobo del Ministerio de Energía, en abril de 2024, fue porque la exfuncionaria expuso la necesidad de iniciar con racionamientos energéticos por la crisis en las hidroeléctricas, sin embargo, el presidente Daniel Noboa no acogió aquello, porque su consulta popular estaba a puertas.
A criterio de Espín el despido de Andrea Arrobo también demoró la contratación de energía termoeléctrica y eso fue aprovechado para que Roberto Luque e Inés Manzano, supuestamente, entreguen esos procesos a empresas que serían fantasmas.
“Son empresas que nadie conoce y que su ubicación es un edificio de apartamentos. Aparentemente son empresas fantasmas”, puntualizó.
La asambleísta enfatizó que el sector eléctrico es manejado por los mismos funcionarios del expresidente Guillermo Lasso, mientras la Fiscalía y Contraloría están mirando a otro lado.