Entre incidentes y la apelación de la presidencia de Fernando Villavicencio, la Comisión dio paso al juicio político contra los vocales del CPCCS.
La comisión de Fiscalización aprobó la reconsideración de la votación sobre el informe de juicio político a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con el voto dirimente del presidente de la Mesa, Fernando Villavicencio.
En una incidentada sesión, el asambleísta Marco Troya mocionó la reconsideración de la votación que realizó la Comisión este martes 9 de noviembre, en la que hubo tres votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Los legisladores Roberto Cuero y Ana Gabriela Molina mencionaron que no cabía la reconsideración porque el plazo que tenían para tratar este proceso ya feneció.
Sin embargo, Villavicencio dio paso a la reconsideración. En la nueva votación hubo cuatro votos a favor, cuatro en contra y el asambleísta Comps Córdova votó abstención.
Al tener votos el mismo número de votos a favor y en contra, la Ley faculta al presidente de la Comisión tener voto dirimente, con lo que Villavicencio votó a favor.
Comps Córdova pide rectificar su voto porque votó abstención y él, dijo, quería votar en contra. Sin embargo, no se dio paso y el legislador Cuero, con un golpe sobre la mesa, apeló la presidencia de Villavicencio.
Ana Belén Cordero, vicepresidenta, asume la presidencia y aclara que tampoco dará paso a la rectificación de Córdova, por lo que queda en firme la votación que aprueba el informe que recomienda el juicio político contra los siete consejeros del CPCCS.
Las causales
La Comisión decidió unificar los dos procesos de juicio político presentado por los legisladores Mireya Pazmiño, Ángel Maita y Ricardo Vanegas. El informe detalla, de manera individual, el incumplimiento que cada consejero.
Entre las causales, los legisladores señalaron que incumplieron sus funciones por haber reformado el reglamento para designar al contralor general del Estado, cuando ya había iniciado el concurso; por haber removido al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; por un supuesto conflicto de interés en la designación del defensor del Pueblo encargo.
El informe deberá ser remitido al Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien tendrá cinco días para convocar a una sesión del Pleno.