CorteIDH resolvió que el Estado ecuatoriano es culpable de la violencia sexual que sufrió Guzmán.
Punto Noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su red social Twitter, anunció que Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Paola Guzmán, víctima de violación en 2001.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) notificó, este viernes 14 de agosto, que encontró al Estado ecuatoriano responsable por la violencia sexual sufrida por la adolescente Paola Guzmán Albarracín en el ámbito educativo estatal, sobre la sentencia en el caso Guzmán Albarracín y otros vs. Ecuador.
🔴 #ATENCIÓN | Presidente @Lenin Moreno informa que Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la @CorteIDH en el caso de Paola Guzmán. https://t.co/K7DDkY3Kro
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) August 15, 2020
Mientras tanto, el juez Humberto Sierra Porto, de la CorteIDH, denunció la falta de lealtad procesal por parte de la delegación de Ecuador, en la audiencia del caso Guzmán, lo que implicaría falta de seriedad con la que la Procuraduría tomó la audiencia.
🔴 #ATENCIÓN l Juez Humberto Sierra Porto de la @CorteIDH, en la audiencia del caso Guzmán, señala la falta de lealtad procesal por parte de la delegación de #Ecuador, lo que implicaría falta de seriedad con la que la Procuraduría tomó la audiencia. Video: @christian_16ec. pic.twitter.com/aHGd1f5T9x
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Paola Guzmán -de 14 años- fue violentada sexualmente por el vicerrector del colegio al que asistía, quien ofreció pasarla de año, con la condición de que mantuviera relaciones sexuales con él. La menor vivió en esta situación de violencia durante un año. En 2002, la niña ingirió unas pastillas que contenían fósforo blanco y, luego de ser trasladada a una casa de salud, murió.
Según el comunicado oficial de la Corte, la madre de Paola presentó una acusación particular contra el vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. El 6 de febrero de 2003 se ordenó su detención y más adelante, el 2 de septiembre de 2005, se le imputó el delito de estupro agravado. El implicado fugó y años más tarde, en 2008, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal.
La Corte determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Paola Guzmán. Asimismo, concluyó la responsabilidad del Estado, en perjuicio de la madre y la hermana de la niña, por la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley.
En 2001, año en el que Paola fue violentada, el Estado no había adoptado medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente. El comunicado de prensa de la Corte señala, además, que se concluyó que hubo una lesión al derecho de acceso a la justicia de las familiares de Paola Guzmán Albarracín, “derivando en la impunidad, por la prescripción de la acción penal, que fue consecuencia de la inacción estatal, especialmente en la falta de diligencia en la detención del procesado”, quien además era un funcionario público.
La Corte ordenó medidas de reparación. Entre ellas, determinó que el Estado, en el plazo de un año, identifique medidas adicionales a las que está implementado para corregir insuficiencias en relación con información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo, la detección de casos de violencia sexual contra niñas o niños en esta área, la capacitación a personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual y la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito.
El Tribunal ordenó al Estado brindar gratuitamente, en forma diferenciada, tratamiento psicológico y/o psiquiátrico para Petita Paulina Albarracín Albán y Denisse Selena Guzmán Albarracín (familiares de la menor), realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; otorgar, en forma póstuma, el grado de Bachiller a Paola del Rosario Guzmán Albarracín; declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y costas y gastos.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República aseguró, en un comunicado, que “el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el estricto cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional para garantizar su pleno desarrollo”.