En el último decreto de estado de excepción, el gobierno reconoce que en el primer semestre del año, la violencia y criminalidad ha escalado y alcanza un grado de intensidad y gravedad exponencial.
Punto Noticias.- A pesar de que el Gobierno Nacional dice que la criminalidad y la violencia en Ecuador se han reducido, en seis provincias del país existen ataques casi a diario.
El incremento de asesinatos obligó al presidente Daniel Noboa a firmar un nuevo estado de excepción.
El último decreto establece el estado de excepción en seis provincias:
- Guayas
- Los Ríos
- Manabí
- Orellana
- Santa Elena
- El Oro
- Y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
En el documento, el gobierno detalla que el incremento de homicidios en estos territorios y sostiene que estos hechos «responden a una criminalidad y violencia sin precedentes que demuestra la capacidad operativa, estratégica y táctica de los grupos armados organizados», los cuales «se ha intensificado y aumentado».
Y el mismo Ejecutivo reconoce que la hostilidad de los grupos de delincuencia organizada rebasan las capacidades del Estado.
Violencia y criminalidad
En este primer semestre de 2024, la violencia y criminalidad ha escalado y alcanza un grado de intensidad y gravedad exponencial, según el Gobierno.
Estas acciones, dicta el decreto, «escapan del control estatal ordinario».
Por ejemplo, en Manabí– provincia a la que se trasladó el Bloque de Seguridad– se han registrado 315 homicidios intencionales, desde el 1 de marzo al 19 de junio de este 2024. Un incremento del 16,3%, en relación con el año pasado.
En Los Ríos, en este mismo periodo, se reportan 260 asesinatos. En Orellana, 27; en Santa Elena, 75; mientras que en Guayas, 864 personas han muerto producto de estos ataques.
Una cruda realidad
En el documento, el Ejecutivo también reconoce que las medidas establecidas por el Estado a lo largo de los últimos años, como declaratorias de estados de excepción, la realización de operativos por parte de la Policía y las investigaciones de la Fiscalía y Las Fuerzas Armadas en las cárceles, siguen superando la capacidad estatal de contención.
«Que todo lo anterior evidencia la incapacidad del Estado para superar los hechos de violencia a través del régimen constitucional ordinario, por lo que se requieren medidas excepcionales», justifica el texto.
Asimismo, el gobierno admite que el accionar del crimen organizado sobrepasa la capacidad instalada de los actores de la Función Judicial para responder oportunamente a los operativos de la fuerza pública.
Entre otras cosas, en el decreto se explica que los ataques del crimen organizado no corresponden a la delincuencia común, ya que existe una dinámica de empresas criminales conjuntas.
Ecuador sufre estos hechos, pese a medidas del Ejecutivo de transición, como el incremento del IVA al 15%, que buscaba recaudar dinero para el fortalecimiento de la Policía y Fuerzas Armadas y contrarrestar la violencia y el crimen organizado.
Bloque de Seguridad
Según cifras del bloque de seguridad, el 1 de julio, a escala nacional existe una reducción de homicidios intencionales en un 17 % del 1 de enero al 30 de junio de 2024, con 621 muertes violentas menos en comparación con el mismo periodo del año 2023.
«Los operativos han logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales en el cantón Manta, en Manabí, del 6 al 30 de junio de 2024», dicen las autoridades de seguridad.
Últimos hechos violentos
En los últimos días, Ecuador ha vuelto a ser noticia por los homicidios. Este 2 de julio, en Portoviejo, Manabí, fue asesinado el político José Miguel Mendoza. Él era abogado y fue candidato a la Alcaldía de Portoviejo.
El 29 de junio, la subteniente Aidita Ati fue hallada sin vida en su dormitorio del Fuerte Militar Napo. Pese a que las autoridades del fuerte dijeron que su deceso fue «accidental», la autopsia reveló que la verdadera causa había sido asfixia por estrangulamiento.
Asimismo, el procedimiento forense determinó que el cuerpo de Ati tenía huellas de violencia, incluso, en sus genitales. La Fiscalía investiga un presunto femicidio.
Los cuatro principales sospechosos son procesados, pero se defienden en libertad.