En su momento, lo hizo Guillermo Lasso usando la vía judicial, al conseguir que Hernán Ulloa sea restituido a su cargo y presida el Consejo de Participación Ciudadana y ahora se buscaría configurar una mayoría tras la destitución de cuatro consejeros.
Punto Noticias.- Al ser el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la institución encargada de la designación de autoridades, el Gobierno de Daniel Noboa buscaría tener mayoría en la entidad para incidir en la toma de decisiones.
Antes también lo hizo el Gobierno de Guillermo Lasso.
Lindao vinculó en su testimonio a Guillermo Lasso
Durante su testimonio anticipado en el marco del caso Plaga, por presunta delincuencia organizada, el exjuez de La Concordia, Ángel Lindao, reveló que el exasambleísta Gruber Zambrano por pedido del entonces presidente Guillermo Lasso gestionó la restitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
Fue Lindao, quien a través de Víctor Hugo M, que trabajaba con Christian Romero (abogado del narcotraficante Leandro Norero) acogió la acción de protección y restituyó a sus cargos a:
- Hernán Ulloa, entonces presidente del Consejo de Participación Ciudadana
- María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta
- Y, a los consejeros: Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.
Los cuatro integrantes del Cpccs fueron censurados y destituidos el 18 de noviembre de 2022 por la Asamblea, pero cuatro días después retornaron al Consejo de Participación por que el entonces juez Lindao acogió la acción de protección presentada por un ciudadano y dictó medidas cautelares para blindarse.
En su testimonio, Lindao señaló que Zambrano, a nombre de Lasso, le agradeció por el favor realizado al restituir en funciones a los cuatro consejeros.
Recordemos que Ulloa fue cercano a Lasso durante la campaña presidencial de 2017 con CREO y fue quien provocó las pugnas con su antecesora Sofía Almeida.
Lasso y su influencia
Según Lindao la restitución de los consejeros le permitía a Lasso tener tiempo para reestructurar una nueva mayoría a la opositora conformada por el correísmo y el PSC.
Incluso, Zambrano le habría dicho a Lindao que ya tenían los nombres de las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.
Ahora se entiende el por qué Zambrano renunció al PSC (que lo convirtió en asambleísta), luego se unió al oficialismo y terminó siendo gobernador de Guillermo Lasso en Santo Domingo.
Gobierno de Noboa, en escena
Dos años después (2024), la historia se repite con la destitución de cuatro consejeros, pero esta vez los consejeros titulares Yadira Saltos y Augusto Verduga y los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor fueron destituidos no por la Asamblea Nacional, sino por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz.
La destitución obedece a una supuesta infracción grave como es hacer proselitismo político a favor de la Revolución Ciudadana.
La sanción constituyó en 70 salarios básicos (USD 32.200) y la suspensión de los derechos políticos por cuatro años.
En Radio Pichincha, Saltos dijo que acudirá a instancias internacionales y anticipó que su destitución y la de sus colegas obedece a intereses políticos y poderes fácticos.
Prueba de ello mencionó que se aceleró la sentencia del TCE porque el Gobierno quiere configurar su mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, dividir la mayoría que se iba a configurar afín a la Revolución Ciudadana.
Comentó que esa situación se generó justo en un momento clave para la democracia del país porque está por discutirse la designación del fiscal general del Estado que reemplazará a Diana Salazar, que termina su período en abril de 2025.
Además, para contribuir con el plan de reestructuración de esa mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana está en marcha en la Asamblea Nacional un proceso de juicio político en contra de los consejeros del Cpccs, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.
Otros excluidos
Cabe recordar que el 8 de mayo de 2024, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, fue sancionado por el mismo juez Muñoz con una multa y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, al haber aceptado el auspicio de la Revolución Ciudadana para la campaña electoral de 2023.
La multa para Vera ascendió a los 50 salarios básicos unificados (SBU), lo que equivale a 23.000 actualmente. Pero el TCE aplicó el salario básico a la fecha de la infracción, dando un total de USD 22.000. Sin embargo, Vera fue destituido, el 6 de octubre de 2023 por la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional también tiene parte en esta trama porque ha sido usada para la destitución de consejeros, entre ellos Ulloa y seis consejeros más en enero de 2023.
Estructura del Consejo de Participación Ciudadana:
- Andrés Fantoni
Presidente
- Johanna Ivonne Verdezoto del Salto
Vicepresidenta
- Nicole Bonifaz
Consejera
- Jazmín Enríquez
Consejera
- Juan Esteban Guarderas
Consejero
- Yadira Saltos
Consejera destituida (en primera instancia)
- Augusto Verduga
Consejero destituido (en primera instancia)