Los familiares del joven desaparecido, Santiago Maldonado, volvieron a pedir la renuncia de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, por considerar que no cumple con su rol en la búsqueda y esclarecimiento de la desaparición forzada del tatuador en la provincia patagónica de Chubut, sino que obstaculiza la investigación y encubre a los gendarmes que se llevaron a Maldonado.
El 1 de agosto gendarmería irrumpió en la comunidad mapuche Pu Lof y “cazaron” a los hombres que había en el lugar. Uno de ellos, era Santiago Maldonado. Tras un mes y medio el juez Guido Otranto se decidió en llamar a declarar a los gendarmes.
Uno de ellos dijo haberle pegado un piedrazo a uno de los reprimidos y otro aseguró que disparó balas de goma contra ellos. El juez que les tomó declaración es el mismo que ordenó que actuaran contra los originarios que habían cortado una ruta nacional, lo que dificulta tener plena confianza en su desempeño.
Organismos de derechos humanos propusieron que una comisión de expertos independientes supervise una investigación paralela con representantes de Naciones Unidas, algo a lo que el gobierno argentino se ha negado de manera rotunda.
Un fiscal federal está investigando si el presidente Mauricio Macri y algunos de sus ministros están llevando adelante un plan de encubrimiento de la desaparición forzada del joven de 28 años.
Tanto el Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han reclamado y exigido al gobierno argentino que efectúe todas la medidas urgentes para encontrar a Santiago Maldonado.
El reclamo de Aparición con vida se ha internacionalizado y los diarios más prestigiosos del planeta se hacen eco del pedido que delata la vuelta a prácticas en desuso desde el final de la dictadura cívico militar en Argentina.