El economista advirtió que la reducción de la masa salarial no es la esperada.
Punto Noticias.- El economista Alberto Acosta se refirió a la política económica del país ante los condicionamientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Acosta indicó que este momento por el que atraviesa el país es complicado. “Por más esfuerzos que ha hecho el presidente Lenín Moreno por cumplir las metas con el FMI está muy lejos de lograrlo”, expresó.
Agregó que la meta establecida por el organismo internacional de reducir el déficit fiscal no se daría, al contrario, se incrementaría. A julio de 2019, el déficit se ubicó en 1.279 millones de dólares; mientras que en el mismo período de 2018 fue de 787 millones de dólares y se estima que a diciembre de este año se cierre con 2.900 millones de dólares.
Manifestó que lejos de reducirse el déficit más bien se aumentaría en 900 millones de dólares, pues la meta era cerrarlo en 2.000 millones de dólares.
Dijo que esto resultaría complicado porque se daría una mayor recesión con repercusiones políticas que desencadenarían una reducción de la masa salarial y con ello la salida de más gente de sus puestos de trabajo.
Comentó que desde el 2014 se ha establecido una reducción de la inversión en el sector público que se acentuó en 2018 y 2019.
Acosta indicó que de los 3.461 millones de dólares destinados a la inversión en el sector público, apenas 773 millones se utilizaron hasta julio de 2019.
“Con la reducción de la inversión pública, el tamaño del Estado se sigue contrayendo. Al reducirse la inversión pública se reduce la actividad económica y hay desempleo”, manifestó.
Sostuvo que la reducción de la masa salarial no es la esperada por el FMI ni los economistas neoliberales que quieren un ajuste, pues esperan que una vez resuelto el problema del déficit fiscal venga un crecimiento. Situación que para Acosta solo queda en discurso.
Estimó que el desempleo aumentó a 16 mil puestos de trabajo, es decir varios funcionarios públicos quedaron sin empleo.
Otro de los aspectos que debe cumplir el Estado ecuatoriano, según la carta de intención con el FMI, es la reducción de los subsidios, sobre todo, de los combustibles.
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