Para Schettini, las acciones que lleva adelante con Acción Jurídica Popular han provocado las amenazas contra su integridad.
Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, informó que este lunes 27 de febrero de 2023 se presentaron dos acciones constitucionales. Piden que la Secretaría de la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral entreguen información sobre los gastos públicos en los que se incurrió por la campaña del sí en la consulta popular.
Reprochó que hasta el momento ninguna de esas entidades haya respondido al pedido de información por lo que se ha acudido al sistema de justicia para obligarles a que entreguen la documentación.
“No han querido contestar a nuestros oficios sobre gastos y viáticos para que Karen Sichel haya recorrido el país y haya usado páginas como ConsultaEc para manipular la información. Al CNE le hemos pedido información sobre la propaganda y publicidad para la campaña del sí”.
Para Schettini, este tipo de acciones o el pedido de revocatoria de mandato en contra de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, que se llevan adelante con Acción Jurídica Popular, han provocado las amenazas en contra de su integridad.
Aseveró que tras la detención de su esposo ha cuestionado severamente a la Fiscalía y ello hizo que su titular, Diana Salazar, pidiese al juez que la investigue penalmente y la obligue a dejar de hablar del caso del exdefensor del Pueblo.
“Después tuve dos amenazas de muerte, un encañonamiento con pistola en mi vehículo, dos veces intentaron entrar a mi casa, he recibido llamadas telefónicas con números que se desaparecen del celular y ahora llaman a la cárcel 4”.
Enfatizó que durante un año y 10 meses, Carrión lleva preso ilegalmente porque ya son 21 meses que la prisión preventiva caducó.
“Hemos peleado en la Corte Nacional por la manera en que se llevó el proceso judicial con partes policiales adulterados, versiones forjadas, con una fiscal como Diana Salazar que forjó un documento y manipuló fechas para detenerlo ilegalmente”.
Reiteró que sus cuestionamientos al sistema judicial, a la Policía y el actuar de la Fiscalía, la convirtió en una persona incómoda para el Gobierno.