Editorial de Radio Pichincha
Uno de los factores que determinan la validez de un comportamiento o la legitimidad de una autoridad es el tiempo, el tiempo como significante para procesar mejor lo que al principio es una duda o una confusión.
Y ese tiempo, desde el 2018, ha sido favorable a una narrativa mediática y a un relato político para “consagrar” a la Fiscalía como “suprapoder”, como la instancia “todopoderosa”, que define quién es quién, a quién se persigue y a quién se perdona, a quién se le imponen todas las estigmatizaciones y a quién se le deja en el olvido.
Pero lo ocurrido la semana pasada ya da cuenta de un giro en esa narrativa. Para que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechace “enérgicamente” los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado en las oficinas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y las viviendas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, ya es que se rebasaron “líneas rojas” de quien se cree con carta blanca para el uso de la persecución legal como retaliación permanente.
Para que esa asociación diga que esa actuación es “una afrenta directa a la independencia judicial” y que constituye “una amenaza a la correcta administración de justicia y al respeto al Estado de derecho” es ya de por sí motivo para pensar en todo lo que ha pasado en estos seis años, pues lo de la semana pasada no es ajeno a esas acciones que no persiguen delitos sino a personas y a adversarios políticos.
Y no solo fue esa asociación, sino un conjunto de periodistas, juristas y algunos “influencers” que pusieron en los altares a la Fiscal con cada acción, por más que desde otros sectores, SIMPRE, PERO SIEMPRE, se dijo que no era lo correcto, que eso traería consecuencias. La mayor consecuencia es haber creado un sistema de miedo que bloquea toda posibilidad de acción política. Tan es así que, en esta radio, la semana pasada, el expresidente Rafael Correa confesó que ciertos personajes de la empresa privada y de la política no quisieron ser candidatos porque temen que la Fiscalía les inicie indagaciones y persecuciones sin fundamento.
De nuevo, reiteramos, el LawFare no es un invento. Está ahí. Ahora lo sufren las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz por el solo hecho de haber concedido el traslado del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, de la cárcel de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil, a cárcel 4 en Quito. ¿Dónde está el delito? ¿Una acción de esta naturaleza, bien motivada, sin ninguna implicación o suspicacia penal, merece un allanamiento de esa magnitud y el despliegue mediático que impuso para justificar lo injustificable?
La pregunta es: ¿cuántas de esas acciones han ocurrido y los mismos periodistas, “influencers” y juristas se callaron entonces? ¿Por qué ahora si expresan su “molestia”?
Por último y no siendo menor, ¿hace falta entender por qué un juicio político era necesario? ¿La fiscalización ahora sí tendría sustento y validez? ¿La acción de la Fiscalía disminuye por un embarazo o porque no hay suficientes argumentos para sostener lo insostenible? Será posible discutir abiertamente, sin temor, del rol de la Fiscalía, cuando tengamos las garantías para ejercer los derechos constitucionales. PUNTO