Considera que ahora debería ser una mujer quien dirija la entidad. Ya son cuatro Presidentes desde que se escogió a sus integrantes por voto popular.
Karina Ponce, vocal alterna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), considera que los procesos de selección de autoridades llevados a cabo hasta el momento deben avanzar y seguir su curso, dotándoles de legitimidad y transparencia, pues implican recursos económicos y tiempo.
Remarcó la necesidad de darle celeridad a los concursos, ya que incluso le queda poco tiempo a la actual adminsitración y no se puede tener autoridades subrogadas y encargadas en entidades tan importantes como la Contraloría General del Estado.
“Ni siquiera pueden hacer planes de fortalecimiento institucional porque asumen a su gestión como un encargo. Necesitamos seriedad entre los integrantes del Consejo pero sobre todo respeto”.
Reconoció que la ciudadanía mira con desconfianza la institucionalidad del país precisamente por su deterioro y porque los actores no han respondido a la altura que el espacio merece, en este caso el CPCCS.
“Esta renovación tiene la oportunidad de poder indicar que si existe un interés genuino y ciudadano de hacer una efectiva selección de autoridades, transparente, sin injerencia ni presión”.
Para Ponce debería existir un reglamento único para todo tipo de selección de autoridades a fin de evitar cualquier subjetividad.
En cuanto a la integración del Consejo, indicó que por respeto al mandato constitucional, en esta ocasión le correspondería ocupar la Presidencia a una mujer: “Podemos hacer un compromiso serio de país para impulsar proyectos y designaciones serias, para que la gente vea que sí es posible y cumplir con la ley”.
Hasta el momento cuatro han sido titulares del CPCCS:
- José Tuárez, condenado a 5 años de prisión en 2020.
- Christian Cruz, censurado y destituido en octubre de 2020 por el Pleno Legislativo, por falta de probidad,
- Sofía Almeida, destituida de su cargo de Presidenta por la mayoría del CPCCS, y
- Hernán Ulloa, cesado y destituido por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.