La petrolera estatal Petroecuador opera en 25 bloques petroleras: 22 en la Amazonía y tres en la región litoral, incluyendo la plataforma de gas natural Amistad, en la provincia de El Oro.
El 9 de octubre de 2024, a través del acuerdo ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0035-AM, se publicó un instructivo para la devolución de áreas asignadas a Petroecuador hacia el Ministerio de Energía.
Es decir, las áreas que se encuentren o no en producción -que actualmente son administradas por Petroecuador- podrían regresar a manos del Ministerio de Energía.
Según su página web, la empresa pública Petroecuador opera en 25 bloques petroleras: 22 en la Amazonía y tres en la región litoral, incluyendo la plataforma de gas natural Amistad, en la provincia de El Oro.
Asimismo, la estatal petrolera se ocupa de transportar el crudo Oriente y Napo, así como de los derivados por los sistemas de oleoductos y poliductos. También se encarga de la exportación y la refinación de crudo.
¿Qué dice el acuerdo ministerial? El pasado 9 de octubre, el entonces Ministro de Energía, Antonio Goncalves, emitió el instructivo para la devolución de áreas con o sin producción.
Allí se establece que, para enfrentar ese proceso, se conformará comisiones especializadas, por lo menos en las siguientes áreas:
- Comisión Técnica
- Comisión Económica
- Comisión Social y Ambiental
- Comisión Legal
- Comisión Tecnológica, manejo de información y software.
Esas comisiones deberán verificar, entre otras cosas:
- Las coordenadas y superficie de las áreas a ser devueltas
- Los pozos perforados
- El historial de producción diario por pozo y campo
- Las facilidades de producción, es decir, lo que esas áreas tienen como su infraestructura.
Cada comisión elaborará un informe que será puesto en conocimiento del Viceministro de Hidrocarburos, adjuntando la información que ha sido entregada por Petroecuador
Asimismo, en el artículo 9 del acuerdo ministerial hace referencia al «Acta de entrega recepción de información entre el Ministerio de Energía y la contratista».
En ese sentido, se señala que, en los casos de devolución de áreas por parte de Petroecuador, esta acta será suscrita por el Viceministro de Hidrocarburos y el Gerente General de Petroecuador.
«En caso de ser adjudicados los bloques licitados se suscribirá el acta entrega recepción entre Petroecuador – Ministerio de Energía; y este último con el representante legal de la contratista que resulte adjudicataria de un contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos, de manera simultanea», señala el acuerdo ministerial.
Asimismo, se establece que en caso de no suscribirse un contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos, las áreas quedarán nuevamente a cargo de Petroecuador.
¿Qué se busca con el cambio?
En los antecedentes del acuerdo ministerial se dan luces de lo que busca el Ministerio de Energía con esas áreas petroleras que provengan de Petroecuador: impulsar contratos de participación y así, incrementar la alicaída producción petrolera de Ecuador.
De hecho, el artículo 31 del Reglamento Codificado de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos establece que:
“Los campos en producción, cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de Petroecuador o quien haga sus veces, podrán ser delegados por el Ministerio del Ramo, a través de la modalidad de contratos de participación.
Dicho artículo señala que, por tratarse de campos en producción a ser delegados bajo la modalidad de contratos de participación, el Ministerio de Energía, previo a la recomendación y aprobación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) fijará el valor en dinero a ser asumido por la empresa o consorcio de empresas que resultaren adjudicatarias.
En marzo de 2024, el Ministerio de Energía del Gobierno de Daniel Noboa señaló que espera inversiones por USD 700 millones en este año para renegociar contratos petroleros y así cambiar su modalidad:
De contratos de prestación de servicios a contratos de participación.
Bajo esta figura de prestación de servicios, las petroleras invierten en el campo para extraer el petróleo y reciben una tarifa por barril que reconoce sus gastos y utilidad. Todo el petróleo pasa a manos del Estado.
Mientras que, en el contrato de participación, la operadora privada (empresa) recibe como pago de sus inversiones un porcentaje de la producción petrolera y entrega el resto del petróleo al Estado ecuatoriano.