El juez Rivera ordenó la prisión preventiva en contra del exvicepresidente por el presunto delito de peculado, en el marco del Caso Reconstrucción de Manabí.
Punto Noticias.- Para este miércoles, 24 de enero del 2024 está previsto que se instale la audiencia de recusación en contra del juez nacional Luis Rivera, quien -hasta el momento- tiene a cargo el Caso Reconstrucción de Manabí por el presunto delito de peculado.
Fue el exvicepresidente Jorge Glas, quien a través de su abogado Andrés Villegas, interpuso la recusación en contra del magistrado, la cual será analizada por el juez Byron Guillén.
El pasado 5 de enero, en la audiencia de formulación de cargos, Rivera ordenó la prisión preventiva para Glas y Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción.
Mientras, para Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica.
Rivera también prohibió la enajenación de bienes por USD 122 492 millones, así como la retención de cuentas bancarias, para los tres procesados.
Previo a la audiencia, el abogado de Glas le recordó al juez Rivera que fue recusado. Sin embargo, al no tener la convocatoria a la audiencia por parte del juez Guillén nada le impidió de continuar con la diligencia.
Por otra parte, una vez que el juez Guillén analice la recusación, Rivera deberá apartarse del conocimiento de la causa.
De esta manera, Guillén resolverá si acoge o no la recusación planteada por Glas. En el caso de que no lo haga el juez Rivera continuará con el proceso.
Al momento, el exvicepresidente permanece en la Embajada de México, en Ecuador, en calidad de huésped, desde el 17 de diciembre y se encuentra a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo político.
Fiscalía cuenta con 85 elementos de convicción
Para la Fiscalía existen 85 elementos de convicción que señalarían un manejo irregular de recursos para atender las obras urgentes que requería la zona afectada por el terremoto de Manabí registrado el 16 de abril de 2016.
Los fondos provenían de la Ley de Solidaridad creada para atender a la población afectada por el terremoto, pero según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se habrían invertido en obras que no eran parte de la emergencia. Los recursos dispuestos ascenderían a más de USD 367 millones.
De acuerdo con la fiscal Salazar, Glas y Bernal habrían aprobado arbitrariamente los contratos de obras para beneficiar a las empresas Consermin y la china Geezhouba Group.
En la lista de obras están: la construcción de puentes, de vías, hospitales, planes de vivienda, entre otros.
Una de esas obras observadas tiene relación con la construcción de la vía Manta – Colisa, de 21 kilómetros, porque contaba con un informe de responsabilidad penal de la Contraloría y con una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
El informe describía un supuesto abuso de los dineros públicos, específicamente, de los fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto. La auditoría de la Contraloría también incluía otros contratos.