La Policía cree que tutela la democracia y, en su imaginario, es defensora del orden constituido, es muy grave agregó.
Jorge Núñez, director de Kaleidos e integrante de la Alianza Contra las Prisiones, señaló que el Gobierno ha instituido el cinismo como razón de Estado, porque elude su responsabilidad frente a la crisis carcelaria que vive el país.
Manifestó que en varias de las masacres, el Estado no ha entrado a tiempo a frenar la violencia, demorándose entre 5 a 7 horas en reaccionar: “No responde a las alertas”.
“Lo de Latacunga ya se tuvo alertas y no se toman en consideración”.
Reprochó que las autoridades se hayan dedicado a mostrado una suerte de coreografía de la seguridad hablando del censo penitenciario y asegurando que se ha cumplido con el 99% de recomendaciones para mejorar el sistema, mientras horas más tarde se produjo la masacre en la cárcel de Cotopaxi.
“Siempre que pasa una masacre el régimen sale a decir no es nuestra culpa, cuando hay una falta de responsabilidad política del Gobierno”.
El problema para Núñez es porque el régimen no tiene control político de la Policía, Institución que responde con decisiones incorrectas a la violencia dentro de los centros penitenciarios.
Recordó que en 2021 ya se alertó que la producción de inteligencia antinarcóticos dentro de la cárcel es la generadora de violencia, pese a ello se nombró como director del SNAI al mismo titular de antinarcóticos.
“Dejar que la Policía que se encargue del tema de seguridad empezó en el Gobierno de Moreno”.
Puntualizó que fue la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quien decidió entregarle toda la política de seguridad a la Policía, porque a ella le interesaba solo la política, al final terminó usándose políticamente la seguridad.
“Al final estos dos mundos de la violencia y represión se juntan en las protestas y se puede ver el chantaje de la Policía al Gobierno diciendo que es el único que lo defiende en las manifestaciones”.
A criterio del especialista, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no puede botar a los Generales de la Policía, en medio de las mesas de diálogo que se llevan adelante con las organizaciones indígenas.
“La Policía está negociando corporativamente con el Gobierno sus espacios de poder”.
Por estas consideraciones, mencionó que ahora los mismos policías dicen tutelar la democracia y en su imaginario se ven como defensores del orden constituido: “Es muy grave”.
Criticó el sabotaje que provocó el SNAI al proceso de pacificación de las cárceles, el cual, inicialmente estuvo liderado por Nelsa Curbelo y otros profesionales con experiencia, posteriormente se incorporó a la colombiana Claudia Garzón.
Explicó que Garzón elaboró un informe de minoría, contrario a cuatro comisionados donde se reconocía que fue la propia Policía la que ayudó a robustecer con ciertos privilegios a los grupos detenidos al interior de las cárceles.
“La misma policía no dejó hacer el trabajo”.
Puntualizó que en ese mismo documento de mayoría se recomendó la creación de un observatorio, abrir la cárcel a organizaciones de sociedad civil, regímenes de visita en términos de mantener la paz y nada de aquello se ha tomado en cuenta.