“No se pretendan tomar una sentencia de la Corte Constitucional para censurar a los vocales de esta institución”, reprochó el vocal de la Judicatura.
Punto Noticias. Los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, rechazaron que los legisladores que impulsan el juicio político en su contra utilicen una sentencia de la Corte Constitucional, la tergiversen e intenten sostener un incumplimiento de funciones que, dijo, no existe.
Morillo defendió la evaluación a los jueces y conjueces, realizada en 2019. Ya en el proceso, dijo, detectaron varias irregularidades, entre ellas, que las declaraciones juramentadas de jueces tenían un incremento de patrimonios injustificados.
El vocal de la Judicatura cuestionó que el documento de juicio político “sea una copia textual de la acción presentada en instancias nacionales por el exasambleísta Fausto Jarrín, que ya fueron negadas”.
Morillo se refirió sobre la falta de recursos en el sistema judicial y recordó que se interpuso un recurso legal contra el Ministerio de Finanzas para que exista la asignación del presupuesto “para cumplir con las necesidades que tiene el sistema de justicia”.
Mientras que los nombramientos de Fiscales provinciales, dijo, obedecen a un tema presupuestario. «En la evaluación existían falencias en los concursos, según Contraloría es por eso que la Judicatura declaró la nulidad del concurso”, explicó, al rechazar que la interpelante del proceso, Viviana Veloz, intente utilizar este hecho como causal para su destitución.
Barreno también cuestionó que el concurso de fiscales no se ha realizado por el recorte presupuestario por tres años seguidos. Informó que el concurso de realizará hasta finales de este año.
Para Morillo, no existe incumplimiento de funciones por parte de los miembros de la Judicatura. “No se pretendan tomar una sentencia de la Corte Constitucional para censurar a los vocales de esta institución”, aseveró.
Barreno dijo que no existen las causales para su sanción y destitución. Incluso, dijo que hay errores e inconsistencias en las pruebas presentadas por Viviana Veloz y Luis Almeida, interpelantes del proceso.
Virgilio Saquicela suspendió la sesión y la retomarán a las 10h00. Aún resta que María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, ejerza su derecho a la defensa.