A través de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, los operadores de justicia interpusieron una acción de protección, pues les preocupa la inseguridad que enfrenta la provincia.
Punto Noticias.- Una vez que los servidores judiciales han sido víctimas de la delincuencia en distintos lugares del país y ante la inseguridad que se vive en Esmeraldas, los jueces de Garantías Penales de esa jurisdicción interpusieron una medida cautelar autónoma para solicitar resguardo policial.
Con esta acción, los jueces buscan estar protegidos frente a amenazas y atentados contra su vida que sufren por parte de integrantes de bandas criminales, debido a los procesos judiciales que tienen a su cargo.
El pasado 05 de octubre, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) planteó el recurso legal en contra del Ministerio del Interior. El trámite recayó por sorteo en conocimiento de la jueza Ana Bravo de la Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar.
Jéssica Cañadas, representante legal de la Aemaj, explicó que la pretensión de esta medida es que se conceda custodia policial individual inmediata a cada juez de Garantías Penales de Esmeraldas, ya que desempeñan funciones en condiciones adversas para su integridad.
En este contexto, se pidió que se evalúe la situación de inseguridad que viven los jueces penales de la provincia y se realice un análisis de riesgo.
Si bien aún no se han fijado fecha ni hora para la audiencia que tiene el carácter de autónoma es posible que la jueza no lo haga y decida enseguida.
Con esta acción, se busca crear un precedente para dar protección oportuna a todos los jueces del país, ante la ola de inseguridad. La razón es que algunas solicitudes que envían los magistrados al Ministerio del Interior ni siquiera pasan a la etapa de evaluación de perfil de riesgo, por lo que no tienen una respuesta favorable.
Según la abogada hay un instructivo de seguridad individual para la Función Judicial, que fija el procedimiento que debe seguir un juez para que se le otorgue resguardo. Todo depende de la Dirección General de Inteligencia de la Policía y del Ministerio del Interior que califiquen el pedido.
La protección dura seis meses y se puede extender por un período similar, si es necesario.
Para Cañadas esta traba hace que los jueces penales se organicen internamente con estrategias que les den cierta seguridad. Hasta han contratado seguridad privada.
En lo que va del año se registra el asesinato de Nelson Patricio Yánez Paredes, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, en Sucumbíos. El hecho se dio el pasado 25 de agosto, cuando salía de su casa ubicada en el barrio Simón Bolívar.
Un mes después, el juez multicompetente Víctor G., del cantón Shushufindi, en Sucumbíos sufrió un atentado cuando se movilizaba en su vehículo con tres personas más.