La Fiscalía insiste en que se mantenga la medida ya que Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores, para que puedan mantener su empleo.
Punto Noticias.- En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por la exasambleísta Karina Arteaga, procesada por su presunta participación en el delito de concusión.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, participa en la diligencia que es dirigida por el juez Walter Macías, con el fin de insistir en que se mantenga la medida que hace que la exfuncionaria esté en arresto domiciliario y usando grillete electrónico.
Para la Fiscalía, Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores, a través de terceros, para que así puedan mantener su empleo.
Toainga ha insistido en que los aportes corresponderían una parte de la remuneración mensual, y existirían depósitos hechos en la cuenta del esposo de la exasambleísta por aproximadamente USD 31.000.
A inicios de julio, el juez Macías declaró nulo, al 8 de enero de 2021, el proceso por concusión en contra de la exlegisladora acusada del cobro de diezmos.
Según el operador de justicia no se habría dado el tiempo reglamentario de 30 días de instrucción fiscal a los nuevos vinculados. Ese tiempo debe volver a contarse ya que solo se otorgaron 15 días, por lo que existió una violación del procedimiento.
Así, el proceso regresó al inicio de la vinculación a la instrucción, una vez ejecutoriada la decisión adoptada.
En aquella ocasión, el juez también rechazó las alegaciones de nulidad del proceso por indebida acumulación de denuncias y por obtención ilegal de videos, en virtud de que no existe inobservancia de una norma procesal, sino reglamentaria.
En este caso, a más de Arteaga están procesados Jhon Arturo Álava, esposo de la exlegisladora; y Jenny Muñoz, colaboradora del despacho de la entonces asambleísta. Ellos continúan presentándose ante la autoridad.
La excolaboradora de Arteaga, Verónica Pinargote, fue quien denunció el 21 de mayo de 2019, sobre los aportes mensuales que se le exigían, los que sumaron un total de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora.
Fuente: Fiscalía, redes sociales