El área de Transparencia del Consejo de la Judicatura está a cargo del caso y un comité determinará el inicio de un sumario disciplinario o la apertura de un proceso en la Fiscalía.
Punto Noticias.- Por haber emitido fallos a favor de la cuestionada empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S. A. (SES), encargada de los fotorradares en Ambato, la jueza de Los Ríos, Jenny Patricia Freire, es investigada.
Aunque Freire es jueza de la Sala Penal de Los Ríos, ha resuelto casos a favor de Safety que mantiene problemas legales en ciudades como Ambato y Loja. En ambos casos, falló a favor de la firma y en contra de los municipios que tienen millones de dólares comprometidos.
El Consejo de la Judicatura (CJ) confirmó el inicio de una investigación en contra de la magistrada. El caso lo tramita hace dos meses el área de Transparencia, a la que llegan todos los procesos disciplinarios en los que se indagan supuestos actos de corrupción.
Un comité elabora un informe para constatar si hubo irregularidades en los fallos de Freire. Con ese documento, se podría recomendar el inicio de un sumario disciplinario para su destitución o la apertura de un proceso en la Fiscalía, de ser necesario.
En el caso de Ambato, Freire autorizó a la empresa a que se suban al sistema y cobren las multas generadas por el fotosensor ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja, sector Terremoto. En un informe presentado en septiembre, se conoció que el monto bordeaba los USD 60 millones por multas a 362.000 conductores que excedieron el límite de velocidad en la zona.
La empresa, en julio de 2021, ingresó una acción de protección en Los Ríos en contra del Cabildo de esa ciudad alegando que desde la municipalidad se estaba vulnerando su derecho al trabajo por el impedimento de cobrar lo detectado en el noveno fotosensor.
Bajo ese criterio, la jueza falló a favor de Safety para que la firma cobre las multas desde enero de 2022, pero la resolución fue apelada.
El inconveniente motivó a que el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, diera por terminado el contrato con la empresa, luego de que la Contraloría General del Estado estableciera irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución del contrato.
Safety indicó que se han ajustado a las normativas y descartó que se haya dado algún perjuicio a la ciudad. Razón por la cual iniciarán acciones legales para defender el honor de la compañía.
En las acciones de control efectuadas al contrato, la entidad identificó irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.
Mientras, en el caso de Loja, cuatro asambleístas solicitaron -en diciembre de 2021- a la Judicatura un informe sobre lo que ocurre con la jueza, ya que consideran que hay un perjuicio también para su provincia.
La entidad respondió y detalló cómo se dio el proceso en el que la jueza se hizo cargo de la acción de protección presentada por Safety en contra del Municipio.
La compañía demandó al Municipio por incumplimiento del contrato de fotomultas. Allí la empresa presentó una acción de protección nuevamente en Quevedo y otra vez la jueza Freire resolvió que la municipalidad debía cancelar USD 12 millones.
El problema se presentó porque en Loja, los cinco fotorradares que fueron ubicados en 2015 no están operativos desde mayo de 2020.
Fuente: CJ, Contraloría General del Estado, La Hora