La Legislatura podría llevar adelante un juicio político, según el criterio de varios expertos.
Si bien, la investigación periodística del medio digital, La Posta, se enfoca en Danilo Carrera, no hay que dejar de lado que la pirámide de presunta corrupción que detalla el portal digital, iniciaría con el Primer Mandatario, Guillermo Lasso.
Más allá de las indagaciones previas que ha iniciado Fiscalía, la relación de Lasso en esta denuncia de presunta corrupción, dentro de empresas públicas podría desencadenar un juicio político que termine en la censura y destitución del Primer Mandatario; proceso que estaría a cargo de la Asamblea Nacional.
Para esto, se necesita que un tercio del legislativo presente la solicitud de juicio político en a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), así lo detalla el Abogado y docente universitario, Gabriel Galán.
Este mecanismo está sustentado en el artículo 129 de la Constitución, que habilita al Legislativo para activar un juicio político contra el presidente o vicepresidente de la república, por tres causales:
- Delitos contra la seguridad del estado.
- Delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.
- Y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Galán explica que el proceso debe ser calificado por el CAL y remitido a la Corte Constitucional de Justicia para el dictamen: “una vez que obtenido el dictamen, el CAL entregaría el proceso a la Comisión de Fiscalización y Control Social del legislativo, presidida por Fernando Villavicencio”.
Después de la respectiva defensa se pasaría a un debate en el Pleno, donde serían necesarios los votos de dos tercios del total de la Asamblea para la censura y destitución del actual Presidente de la República.
Por otra parte, el abogado Mauro Andino indica que también se podría aplicar, dentro de este caso, una de las causales contenidas en el artículo 130 de la Constitución que habla de muerte cruzada:
“Se podría destituir al Presidente por grave crisis política y conmoción interna; esta causal se aplico en junio del año pasado durante los 18 días de Paro Nacional. Y no necesita de un dictamen previo de la Corte Constitucional”, asegura Andino.
Los expertos coinciden en que es importante señalar que, tanto el juicio político, como la muerte cruzada, están desvinculadas de las acciones que lleve a cabo Fiscalía para esclarecer este caso; ya que los procesos se activarían directamente por decisión de la Asamblea Nacional considerando la afectación que tiene en la estabilidad del país la vinculación del presidente de la república en actos de corrupción.
Hasta el momento no hay una posición clara del Legislativo sobre cómo abordaran, o no, este tema.