Editorial de Radio Pichincha
Todos los indicadores han mostrado que desde el Gobierno nefasto de Lenín Moreno y con el remate sangriento del de Guillermo Lasso retrocedimos 20 años, literal. NO hay exageración en ello. Y por más que se esfuercen en distorsionar la realidad, por más que intenten echar culpas donde no las hay, los organismos especializados en monitorear nuestra realidad, como la de América Latina, son claros en sus estadísticas.
Solo por mencionar el estudio del Latinobarómetro, que no es cualquier dato y que sirve para análisis académicos y científicos, la confianza en la Policía y las FF.AA. cayó abruptamente desde 2017 hasta 2023, solo comparado con lo ocurrido en el año 2003. Durante el gobierno de Rafael Correa se percibe el cambio, a pesar del llamado 30-S y de los ajustes que se hizo en algunas estructuras de privilegio que tenía la Fuerza Pública y que desató el rechazo de esos oficiales privilegiados que luego participaron activamente en la campaña de Lasso.
Todo eso además redunda en que la misma democracia, como sistema y como un acuerdo de convivencia, entra en crisis. Este sistema solo es visto como válido cuando la ciudadanía ve que su vida diaria mejora y que nos gobernantes toman decisiones en función de las mayorías y no precisamente a favor de las élites bancarias, empresariales u oligárquicas.
El Latinobarómetro da cuenta que las cifras de apoyo a la democracia y a la gestión del Gobierno fueron positivas a la administración del expresidente Rafael Correa, en los 10 años, que duraron sus mandatos, y se desploma en los de Moreno y Lasso.
El más lamentable sector, con altos niveles de desconfianza es el de la Justicia, por más que cierta autoridad que sacó en su examen 10/20, ponga vallas en las carreteras y se precie de “hacer justicia a la carta”. Hoy por hoy apenas recibe el 13% de la aprobación, el sistema de justicia o poder judicial, por si acaso, que incluye a la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y la Judicatura. Su mejor momento fue en 2015.
Y ahora, para variar, tenemos una Corte Nacional de Justicia que no puede elegir a su presiente porque no les gusta perder el poder a los que están enquistados ahí o son títeres de ciertos poderes económicos y transnacionales y también a aquellos que quieren seguir usando la justicia como herramienta de persecución y revancha política.
Ya llevamos varios días entrampados en esto porque no se alcanzan los votos y porque el señor Saquicela maneja tiempos, nombres y algunas fichas a su favor para quedarse en funciones prorrogadas, lo cual además de ser ilegal es anti ético. Y, al parecer, todo pasa porque la presidencia de esa institución, para los próximos tres años, debe resolver casos absolutamente políticos y que les podrían estallar en su misma cara.
Entonces, vivimos en condiciones deplorables económicamente, pero en la seguridad y en la justicia todavía no tenemos ninguna garantía que se pueda recomponer y al menos dar visos de solución en los próximos meses y años. PUNTO