Tercera Emisión Punto Noticias – El abogado Milton Castillo explicó que la copia de esta denuncia contra Gustavo Jalkh se encuentra en manos del CPCCS Transitorio. “Utilícenlo (la denuncia) como herramienta para medir uno de los factores de evaluación de las autoridades, que es la probidad”.
El entrevistado explicó por qué presentó esta denuncia. Cuando María Isabel Salvador era presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, levantó la moratoria de construcción de hoteles. De esa manera, se abría la puerta a los inversionistas interesados en construir hoteles cinco estrellas. “Esa resolución se hizo sin planificación alguna, amenazaba el medio ambiente en Galápagos, destruía la economía local porque no se hacía bajo las políticas del ecoturismo”.
Además, dicha norma permitía el testaferrismo. “No podían hacerse las inversiones directamente sino utilizando a personas residentes permanentes de Galápagos”. La resolución de Salvador tuvo rechazo de la población, que interpuso una acción de protección. Él fue contratado como abogado para impedir su aplicación. En aquellos tiempos se impulsaba la campaña All You Need is Ecuador.
El juez que llevó el caso pidió que se reinstale la audiencia en una semana. “En persona, en el juzgado más lejano de la patria donde se llevaba a cabo esta audiencia que es el de San Cristóbal en Galápagos, llega personalmente el Dr. Jalkh. Y amuebla el juzgado. Tiene una reunión a puerta cerrada con el juez Salavarría”. Posteriormente, el juez que llevó la causa resolvió negar la acción de protección.
Esto, para Castillo, configura el delito penal de tráfico de influencias. Una de las razones se debe al pedido de Lorena Tapia, exministra del ambiente y ahora presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, quien pide una auditoria especial.
“La actual autoridad de Galápagos encontró irregularidad en ese proceso. Le pide al contralor que haga un examen especial de auditoría. Dentro del delito de tráfico de influencias, tiene una gravedad especial cuando la presión que genera el servidor público que se vale de su cargo para beneficiar a un tercero o a sí mismo, se basa en un acto ilegal o irregular”.
Por otra parte, Castillo añade sobre un hecho que involucra a otro funcionario.
“Nos hicieron llegar unos oficios que el ministro de turismo de aquel entonces, Vinicio Alvarado, firma con su puño y letra y les dirige a unos potenciales inversionistas, diciéndoles que les garantiza la inversión que ellos van a realizar sobre los hoteles cinco estrellas en Galápagos. Que todo va a empezar una vez que el Consejo de Gobierno de Galápagos apruebe la resolución autorizando la construcción de los hoteles”.
Por eso en la denuncia se pide llamar a declaración a Vinicio Alvarado, quien fue ministro de turismo. El mismo pedido se extiende para María Isabel Salvador y Lorena Tapia.
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