El pasado miércoles 18 de abril, con el respaldo de 60 legisladores de la oposición, que firmaron el documento, Esteban Bernal, de CREO, y Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional (BIN), presentaron el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Los parlamentarios proponentes acusan a Jalkh y a los demás integrantes de la Judicatura de incumplir sus funciones, al permitir que el Ejecutivo anterior meta la mano en la justicia y presione a los jueces para que fallen a favor de los intereses de ese gobierno.
Néstor Arbito, integrante del Consejo de la Judicatura lo niega y considera que el trabajo desarrollado por el organismo ha permitido mejorar la administración de justicia.
El legislador Eliseo Azuero, del grupo de la oposición, cree que los integrantes del Consejo de la Judicatura no cumplieron con su deber de velar por la aplicación adecuada de la justicia.
La organización Human Rights Watch emitió un informe mediante el cual solicita que en Ecuador sea investigada una presunta injerencia del expresidente Rafael Correa en el sistema judicial, denunciada por jueces que fueron destituidos por incurrir en error inexcusable.
Néstor Arbito considera que no hay pruebas de ello.
Las autoridades del Consejo de la Judicatura destacan que en su informe, Human Rights Watch reconoce que la Judicatura tiene la facultad legal para sancionar administrativamente a los servidores judiciales cuando han incurrido en error inexcusable.