Editorial de Radio Pichincha
En primer lugar, el Gobierno no desaprovecha la ocasión de hacer de cada acto un espectáculo mediático y ayer lo hizo con la clausura de un primer pozo del campo ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Además, de no llevar a la prensa, fueron las ministras las que se lucieron frente al pozo cerrado, como si se tratara de un “selfie” más de los tantos que se hacen en plan proselitista.
Y claro, el show fue para clausurar un pozo de los 246 que deben cerrarse por orden de una decisión soberana del pueblo ecuatoriano en la consulta del año pasado. Entonces, ¿las mismas funcionarias volverán a tomarse las fotos cada vez que se cierre un poco hasta el año 2029, como prevé el plan del Gobierno de Daniel Noboa?
Pero lo de fondo es otra cosa: ¿qué significado tiene para el país la clausura de un campo petrolero que le aportaba más de mil millones de dólares anuales y ahora significará un costo de más de mil millones de dólares su desmontaje? ¿Cómo se va a suplir esa carencia? ¿Será con más deuda externa? ¿Hay un plan de contingencia?
Obviamente fue una decisión popular: el 20 de agosto de 2023, el 58% de los votantes decidió que las reservas de crudo del bloque 43-ITT del Parque Nacional de Yasuní permanezcan en el subsuelo para siempre, lo que suponía la retirada, en el plazo de un año como máximo, de la industria petrolera en este sector de la Amazonía ecuatoriana. Ha pasado un año y apenas se cierra un pozo, no hay un proceso técnico que garantice el cumplimiento del mandato y los grupos ecologistas destacan que lo único real es que no habrá más contratos de explotación en la zona.
Más allá de eso, en la práctica, vamos a tener un HUECO FISCAL ENORME. Y no hay una sola propuesta para resolver un asunto de esa magnitud. Ni siquiera hay una declaración presidencial al respecto, como debería ocurrir en estos casos. Eso sería lo usual en un país con un estadista al frente.
Es verdad que el proceso de transición a una economía no extractivista es importante en cualquier país que se lo proponga, pero para eso hay que tener una discusión pública, amplia y también técnica. Eso, nos guste o no, es una decisión política, no una populista ni tampoco fanática de ninguna de las partes. Siendo política obliga a los actores sociales, económicos y productivos a una discusión sensata. No se trata de imponer por imponer, sino de encontrar salidas plausibles, dentro de lo que impone la técnica y un acuerdo colectivo, como es el de preservar la naturaleza.
Ahora, incluso, con el cierre del ITT han salido a pronunciarse organizaciones indígenas y campesinas que ven afectado su desarrollo por la pérdida de planes y programas gubernamentales en la zona con recursos de la extracción petrolera. Y hay algo más que no se puede desconocer: los municipios, prefecturas y juntas parroquiales que reciben parte de los ingresos petroleros dejarían de percibir alrededor de 249 millones de dólares con el cierre del ITT.
¿No es más que suficiente y complejo problema como para tratarlo como un tour de unas ministras y funcionarias que van a la selva para tomarse un selfie y con ello aumentar sus vistas en las redes sociales?
Pues así trata este Gobierno, como también lo hizo el de Lasso, asuntos de Estado, con consecuencias, para bien o para mal, determinantes para las futuras generaciones, bien sea porque se queda el petróleo bajo tierra o porque se lo explota sin las debidas consideraciones ecológicas. PUNTO