El miércoles de la próxima semana presentarán el pedido formal de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y de sus vocales, anunciaron asambleístas de los bloques de oposición Unidos por el Cambio e Integración Nacional.
Las causales para este enjuiciamiento político serán el incumplimiento de la responsabilidad que tiene el CJ para vigilar por la transparencia e independencia de la Función Judicial y por permitir la injerencia del expresidente Correa en la decisión de los jueces, según sostiene Esteban Bernal, de CREO.
Los parlamentarios opositores aseguran que tienen en sus manos pruebas suficientes para sustentar el pedido: los correos filtrados entre Jalkh y Correa, los procesos de destitución de jueces, los testimonios de los jueces destituidos, que dan cuenta sobre el presunto manejo interesado de la justicia por parte del presidente del CJ, las declaraciones del defensor público Ernesto Pazmiño, entre otras, como señala Raúl Tello, de Pastaza.
Los legisladores de Alianza PAIS tienen sospechas de que detrás de este pretendido juicio político contra los vocales del CJ se esconden motivaciones y objetivos políticos, por parte de la oposición, para de alguna manera intervenir en el proceso de selección de jueces que lleva a cabo la Judicatura.
Por ello es necesario analizar debidamente los hechos y las pruebas que sean presentadas, según la parlamentaria Silvia Salgado, integrante de la mesa de Fiscalización
“Mucho ojo, que no se pretenda utilizar un juicio político para parar un proceso que la ley exige y que está, precisamente, a cargo de este órgano jurisdiccional. Es muy coincidente: se convoca a renovar la Corte Nacional de Justicia y sin embargo hay un juicio político”, advirtió Salgado.