350 mil niños realizaban trabajo infantil, antes de la pandemia, según la funcionaria del Consejo de Protección de Derechos.
Punto Noticias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó que, debido a la crisis causada por el coronavirus, “es probable que las familias en situación de pobreza envíen a sus hijos e hijas al mercado laboral”, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil en la región.
Antes de la pandemia, 10 millones 500 mil niñas, niños y adolescentes eran obligados a trabajar, a pesar de que la Unicef ha establecido 10 derechos fundamentales para su protección.
Expertos en Ecuador coinciden con Cepal en que si falla la educación, habrá más niños que serán explotados en lo laboral. Unicef señala que el covid-19 ocasionó el cierre de escuelas, con afectación a 1.370 millones de estudiantes a nivel mundial. En Ecuador esta afectación la viven aproximadamente 4 millones 600 mil niños, niñas y adolescentes.
Sybel Martínez, presidenta del Consejo de Protección de Derechos, señala que, en el marco de la emergencia que provocó la enfermedad, niños y adolescentes volvieron al trabajo infantil y a la mendicidad, incluso.
Lamentó que sea la capital de la República la ciudad referente, en este caso y en muchos otros.
Martínez comentó que hay muchos hogares que pasan hambre y necesidades, que ocasiona situaciones muy complicados para los niños y niñas, que tienen que ver con el matrimonio infantil, con el trabajo infantil, con el embarazo adolescente.
La condición de desempleo en la que se encuentran los adultos de las familias, por la pérdida de su trabajo, tiene relación directa con la pobreza extrema, ante lo cual los niños sienten la necesidad de ayudar a su hogar o son obligados a hacerlo, según Sybel Martínez.
Alertó que hay formas veladas de trabajo infantil, como la ayuda, el acompañamiento al adulto, con los riesgos que implica. Expresó su preocupación porque son niños y adolescentes, de cinco a 14 años, que no deberían trabajar.
En Quito, seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo infantil están en ese rango de edad. Es decir, están fuera de la ley. Aquellos que sí pueden trabajar sufren explotación, no son afiliados al IESS, y los que sí, que son apenas el 2%, reciben sueldos de 90 dólares mensuales y 23 dólares si no son afiliados, indicó Martínez.
A criterio de la funcionaria, de ninguna manera, la necesidad de recuperación económica debe justificar el incremento del trabajo infantil, que ahora se está evidenciando y que recrudecerá, si la sociedad y el Estado no toman las medidas para evitarlo.